La Plataforma de Afectados por la hepatitis C (PLAFHC) prepara una movilización a nivel nacional para el próximo 1 de marzo. Diferentes asociaciones de afectados de todos los puntos del mapa fletarán autobuses para acudir a Madrid a manifestarse frente al Congreso. La Marcha comenzará en Legazpi a las 11:00 y terminará en Neptuno. Una vez allí, representantes de la PLAFHC entregarán un escrito en las Cortes Generales para reclamar que todos los pacientes puedan acceder a los tratamientos de nueva generación.

Se espera que el Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C que prepara Sanidad desde hace dos meses ya esté preparado para esas fechas. El 3 de marzo fue la fecha límite propuesta por el ministro Alfonso Alonso para fijar las pautas a seguir por parte del Sistema Nacional de Salud para dar una respuesta a la situación de los enfermos. El titular de la cartera de Sanidad declaró el pasado lunes que el cierre del plan es "cuestión de días".

Mario Cortés, presidente de la PLAFHC, ha denunciado en multitud de ocasiones que Sanidad no haya contado con la opinión de los enfermos para el desarrollo de ese plan. También afean al Gobierno que durante los dos últimos meses han seguido muriendodoce personas al día sin recibir el tratamiento. No se ha hecho un plan de urgencia para esas personas. “Si quieres que algo no funcione, crea un comité”, declaraba Cortés después de conocer las intenciones de Sanidad.

Además de la marcha sobre el Congreso, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C prepara otras movilizaciones. La más próxima es una marcha motera que tendrá lugar el sábado 21 de febrero. Los manifestantes partirán a las 11:00 desde el Hospital 12 de Octubre, donde la PLAFHC protagoniza un encierro desde diciembre, hasta el Ministerio de Sanidad. Una vez allí, los moteros dedicarán una ensordecedora pitada a los responsables de su situación.

Otra de las acciones previstas para las próximas fechas es la presentación de una ampliación de la querella contra Alfonso Alonso y su antecesora Ana Mato en el Tribunal Supremo. A pesar de que la PLAFHC estima que el año pasado murieron 4.000 personas a causa de la negativa del Gobierno a dar el tratamiento, la querella sólo documenta 2 casos de homicidio y 37 de lesiones. Desde la plataforma se asegura que Sanidad está poniendo trabas a los trámites burocráticos que permiten a la acusación acceder a los expedientes. Todo ello, sumado a la inexistencia de un registro de enfermos, hace que el equipo jurídico de la PLAFHC siga trabajando para ampliar la querella e incluir en ella a todos los afectados que lo soliciten.