En este tercer bloque de preguntas realizadas por la Fundación 1º de mayo se analiza la relación entre las limitaciones a la actuación pública del Estado incluidas en el reformado artículo 135 de la Constitución y las políticas de creación de empleo y sostenimiento del Estado del bienestar.

Si bien los tres economistas tienen un alto grado de coincidencia en el peso que debería tener el Estado en la economía española, en términos de PIB, y de las causas de las elevadas tasas de desempleo de la economía española, surgen notables discrepancias en relación a la controvertida reforma del citado artículo.

Manuel de la Rocha (PSOE) manifiesta: 'De cara al futuro el Partido Socialista está elaborando una propuesta de reforma de algunos aspectos del artículo 135 de la Constitución Española (...) para equilibrar la actual redacción, sesgada hacia el pago de la deuda, con la garantía de pago de nuestros derechos sociales fundamentales'. Mientras que Alberto Garzón (IU) propone: 'el artículo debería redactarse al revés, dejando claro que no se pagará ni un euro a un acreedor financiero hasta que no se satisfagan todas las necesidades básicas de la ciudadanía'. Ignacio Álvarez (Podemos) considera que: 'Este tipo de 'reglas de oro' (...), constituyen tutelas sobre la soberanía económica de una nación que difícilmente casan con la democracia'.

Bruno Estrada López, Fundación 1º de mayo: ¿Debería modificarse el reformado artículo 135 de la Constitución y derogarse la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para dar más instrumentos al estado para hacer frente a la crisis e impulsar la creación de empleo? ¿Considera que el desempleo es un problema de rigideces normativas del mercado de trabajo o se deriva de una fuerte debilidad de la demanda y de un funcionamiento deficiente de nuestro sistema financiero?

Manuel de la Rocha (PSOE): El PSOE defiende la idea de estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo económico, concepto que combina la garantía de la sostenibilidad de las cuentas públicas, con un margen para realizar políticas fiscales contracíclicas.

Durante las negociaciones de reforma del art. 135, el PSOE arrancó del PP la firma de un acuerdo político público que sin embargo no fue respetado cuando el PP ganó las elecciones. El acuerdo dejaba margen de interpretación para defender esta idea de 'estabilidad presupuestaria' junto a la de 'saldo estructural', que debía incluirse en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, además de hacer referencia directa a la garantía de 'sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos fundamentales', a la que se ha hecho referencia arriba.

Pero el PP no respetó el Acuerdo Político y por esta razón el PSOE no apoyó la Ley de Estabilidad Presupuestaria en 2012, ya que incumplía la principal idea del acuerdo entre ambos partidos y de la misma reforma constitucional, tal y como dice el nuevo art. 135. 1. que se refiere al concepto de 'estabilidad presupuestaria', y no al de 'equilibrio presupuestario', como se introdujo en la citada Ley en 2012 por el PP, que es un concepto mucho más neoliberal y rígido.

'La Constitución Española debe blindar la financiación de nuestro Estado del Bienestar'

De cara al futuro, el Partido Socialista está elaborando una propuesta de reforma de algunos aspectos del artículo 135 de la Constitución Española (CE). Una reforma en la que no renunciamos al principio de estabilidad presupuestaria, básico para el sostén de nuestro Estado del Bienestar. La reforma seguirá garantizando el pago de la deuda pública pero debemos reconocer la sanidad y las pensiones, junto a la educación, como derechos fundamentales en nuestra Constitución, y al mismo tiempo garantizar la suficiente financiación de dichos derechos. Es decir, la CE debe blindar la financiación de nuestro Estado del Bienestar y en ese proceso propondremos retocar el artículo 135 para equilibrar la actual redacción, sesgada hacia el pago de la deuda, con la garantía de pago de nuestros derechos sociales fundamentales. Para que la economía esté al servicio de la gente y no la gente al servicio de la economía.

En estos momentos, a fines de 2014, Europa en general, incluida España, se encuentra en una situación de práctico estancamiento económico, y alto riesgo de deflación debido fundamentalmente a un problema de insuficiencia de demanda, que se manifiesta en débil consumo privado e inversión, lo que se traduce en una demanda de empleo también baja. Por tanto, son necesarias políticas neo-keynesianas de estímulo a la demanda, que en un contexto de altísimo endeudamiento pública deben provenir fundamentalmente desde Europa. También el BCE debe hacer más para apoyar una salida de la crisis por la vía de las exportaciones a través de mayores devaluaciones del Euro.

Aunque los problemas de demanda son fundamentales, no se puede negar que también existen deficiencias en el funcionamiento de nuestro mercado laboral que hacen que el desempleo sea un problema mayor en España que en otros países de nuestro entorno. Problemas como una muy elevada e injustificada temporalidad, que facilita que el ajuste se haga vía despidos, en lugar de hacerlo reajustando la jornada, por ejemplo, y que dispara el paro al menor síntoma de dificultades en las empresas, algo que no sucede en el resto de Europa. Tampoco funcionan adecuadamente los servicios de empleo, que apenas si recolocan a los desempleados; hay desajustes de cualificación entre lo que requieren las empresas y lo que ofrecen los trabajadores, y no se detectan y solventan con la celeridad precisa.

Por todas esas razones desde el Partido Socialista proponemos la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, adaptado a los nuevos tiempos, a las nuevas formas de organización económica, carreras laborales, emprendimiento, etc. Una reforma que recupere la negociación colectiva como marco central de las relaciones laborales. Que dote de flexibilidad interna a las empresas, para que en un marco de negociación colectiva, el despido sea el último instrumento de ajuste. Para cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y por último para regular la entrada y salida del mercado laboral, reduciendo al máximo la precariedad y dualidad actuales.

Alberto Garzón (IU): Por supuesto. Es más, el artículo debería redactarse al revés, dejando claro que no se pagará ni un euro a un acreedor financiero hasta que no se satisfagan todas las necesidades básicas de la ciudadanía. Estoy simple y llanamente hablando de cumplir otro artículo de la Constitución Española, el 128, según el cual toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. 

Lo mismo con la ley de Estabilidad Presupuestaria. El déficit público es una herramienta muy potente para hacer política económica, especialmente en contextos de recesión. La palanca del gasto público puede y debe utilizarse en momentos en los que el sector privado no es capaz de impulsar la economía, ya sea creando empleo público directamente a través de políticas fiscales, otorgando mayores rentas a la ciudadanía, aumentando las prestaciones de educación y sanidad públicas, etc.

'No hay que tener miedo del déficit público'

Es muy fácil de entender: por identidad contable, un euro de gasto público es un euro que acaba en una cuenta bancaria de una familia o de una empresa. Por lo tanto, es una forma de aumentar el consumo y la inversión, elementos imprescindibles para reactivar la economía. No hay que tener miedo del déficit público, es una herramienta más de política económica que utilizada con cautela y precisión puede tener resultados importantísimos. El desempleo es, sobre todo, el resultado de una débil demanda agregada y también de un incorrecto funcionamiento del sistema financiero.

La encuesta del Banco Central Europeo sobre acceso a la financiación de las empresas de marzo de 2014 revela que el principal problema de las empresas españolas es la falta de clientes. Los problemas de costes de producción o de legislación son mucho menos importantes según la misma encuesta. Ahora bien, eso no quiere decir que en determinadas ramas económicas existan problemas de legislación que hay que mejorar. Pero insisto en que son problemas minoritarios en nuestra economía.

Nacho Álvarez (Podemos): La austeridad fiscal impuesta por la Troika en Europa, y especialmente en países como el nuestro, ha sido un tremendo error de política económica. Ha reforzado los efectos depresivos de la crisis y nos ha situado en un escenario muy próximo a la deflación. Es por ello que debería derogarse la principal expresión institucional que ha adoptado en nuestro país dicha política: el artículo 135 de la Constitución, modificado conjuntamente por PSOE y PP, y su desarrollo en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

La consagración en la Carta Magna de un país de una norma que obliga a los sucesivos gobiernos a priorizar el pago de los intereses y el capital de la deuda pública, frente a cualquier otro gasto (como las pensiones, la sanidad, la educación, o las infraestructuras que el país necesita para su desarrollo) constituye una hipoteca de primer orden. La obligación de acumular superávit primarios permanentes para poder garantizar el pago de la deuda, impidiéndose posibles reestructuraciones que liberen recursos públicos para una política fiscal expansiva, dificultará enormemente la salida de la crisis así como la extensión del Estado de Bienestar.

Así, este tipo de 'reglas de oro', especialmente en un contexto de recesión de balances y de explosión de la deuda pública como el actual, constituyen tutelas sobre la soberanía económica de una nación que difícilmente casan con la profundización democrática que exige la ciudadanía.

'Nuestro mercado ya era muy flexible antes de la última reforma laboral '

Por otro lado, es evidente que el desempleo en el caso de la economía española no responde a supuestas rigideces de nuestro mercado de trabajo. Nuestro mercado ya era muy flexible antes de la última reforma laboral: uno de cada tres trabajadores tenía un contrato temporal (cuyo coste de despido es muy reducido, cuando no nulo al producirse el cese por la vía de la no renovación).

La reforma laboral ha hecho nuestro mercado aún más flexible, reduciendo los costes laborales de las empresas y, sin embargo, la anunciada creación de empleo no se está produciendo. La razón fundamental radica en que las nuevas contrataciones no se producen -por mucho que se reduzcan los salarios- dada la ausencia de demanda efectiva en buena parte de los sectores del país.

Es esta falta de demanda la que debe ser tenida en cuenta si queremos que la creación de empleo vuelva a tener lugar. Y para ello es necesario hacer una política de signo contrario a la impuesta por la Troika y aceptada por los gobiernos de Zapatero y Rajoy: aunar una política fiscal expansiva, un crecimiento de los salarios y una reestructuración de las deudas hipotecarias de los hogares que reduzca el valor facial de dichas cargas.

Bruno Estrada López, Fundación 1º de mayo: ¿Qué elementos básicos debería tener una reforma fiscal que fuera capaz de financiar adecuadamente las prestaciones del Estado del Bienestar que demanda la sociedad española? ¿Cree que hay que bajar impuestos para incrementar la recaudación? ¿Qué porcentaje (u horquilla) de ingresos públicos, incluidas las contribuciones a la Seguridad Social, sobre el PIB defiende para la economía española?

Manuel de la Rocha (PSOE): No creemos en la curva de Laffer. Si bajas impuestos lo que suele ocurrir es que baja la recaudación. Otra cosa es que se puedan bajar unos impuestos y subir otros. Nuestro objetivo a medio plazo es acercarnos paulatinamente a los niveles medios de ingresos públicos de la UE, ahora mismo estamos casi 9 puntos por debajo de la media europea. Necesitamos una reforma estructural de nuestros impuestos, para que sean más justos, que garanticen suficiencia de ingresos y que no distorsionen actividad económica.

'Cada año se nos escapan unos 60.000 millones de euros por fraude fiscal'

Uno de los grandes objetivos debe ser combatir el fraude. Cada año se nos escapan unos 60.000 millones de euros por fraude fiscal, creemos que es realista poder reducir ese fraude a la mitad en el plazo de 5 años.

Vamos a ir a un sistema fiscal más justo. Que no suba la presión a las clases medias y trabajadores, pero que refuerce la imposición sobre las grandes fortunas, porque la riqueza es la gran fuente de desigualdad de nuestras sociedades. No es sano para una sociedad que las 20 personas más ricas tengan tanto como el 30% más pobre, como ocurre en España.

Los grandes agujeros de nuestro sistema fiscal (y de la mayoría de los sistemas fiscales del mundo) son el fraude, la elusión de la carga fiscal de las grandes corporaciones y la imposición a la gran riqueza. Y son tres grandes agujeros que tenemos que tapar, para conseguir la sostenibilidad de las cuentas públicas, para reforzar el estado social y luchar contra la desigualdad y para que los poderes públicos tengan capacidad para estimular la actividad económica. Junto a eso, podemos aprender de otros países en materia de fiscalidad verde. Estamos convencidos que la imposición energético-ambiental puede ser para España un buen instrumento para posibilitar una nueva y mejor configuración de nuestro tejido productivo, económico y social, y al tiempo cumplir los compromisos de reducción de emisiones.

Alberto Garzón (IU): Antes de subir o bajar impuestos hay que hacer que se cumpla la legislación vigente. Hoy día la economía sumergida oscila en torno al 23% del PIB (y subiendo), de la cual el 71% se estima que es fraude cometido por las grandes empresas y grandes fortunas (gracias a la evasión y elusión de impuestos facilitada por la ingeniería financiera). Se debe combatir este fraude fiscal de la élite económica hasta reducirlo a un nivel equiparable a la media de la Unión Europea (un 13%), ingresando así importantes sumas de dinero que hoy día permanece oculto al fisco.

'Se debe combatir el fraude fiscal de la élite económica'

Para ello hay que aumentar la plantilla de inspectores de hacienda, dotar de más recursos a la agencia tributaria, y auditar profundamente las cuentas de las grandes empresas.  En segundo lugar, hay que subir y bajar impuestos. Hay que subir los impuestos que recaen sobre aquellas empresas y personas que tienen mayor colchón económico, y reducir los que perjudican más a los que menos dinero tienen. Es decir, la reforma fiscal debe ser progresiva.

Hay que aumentar los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes empresas (disminuyendo deducciones y otras bonificaciones fiscales, aumentando el tipo impositivo de las rentas del ahorro, del impuesto de patrimonio y de las ganancias especulativas, etc) y disminuir impuestos indirectos (por definición regresivos) como el IVA o los impuestos especiales (carburantes, tabaco, bebidas alcohólicas, etc). El porcentaje de ingresos sobre el PIB debe aumentar muchísimo más, desde el 37% de ahora hasta el 45-46% de media de la Unión Europea. Ello se conseguiría llevando a cabo las medidas que acabo de citar.

Nacho Álvarez (Podemos): España tiene un gravísimo problema de ingresos públicos. Este problema es además estructural, y viene de antes de la crisis. Incluso en el periodo en el que el Estado tenía superávit público (años 2005-2007) el nivel de recaudación fiscal estaba muy por debajo de la media de la UE. Hoy día estamos 8 puntos porcentuales por debajo de la media europea, lo que quiere decir que si realmente recaudásemos como lo hacen, en promedio, los países de nuestro entorno, el sector público español contaría aproximadamente con 90.000 millones de euros más al año.

Para acometer una reforma fiscal en profundidad e incrementar la recaudación, lo primero que hay que hacer es combatir el fraude fiscal, que en España duplica la media de la UE. Según los Técnicos de Hacienda es factible combatir este fraude debido a que está muy concentrado: el 70% lo cometen las 3.000 grandes empresas y las fortunas del país. Ahora bien, para eso hace falta incrementar los recursos destinados a luchar contra el fraude, pues estamos en uno de los países europeos que menos recursos destina a dicha tarea: dispone de un trabajador de Hacienda por cada 1.960 habitantes, frente a los 940 de Francia, 740 de Alemania o los 575 de Luxemburgo.

Además de perseguir el fraude, el sistema fiscal español debe de ser reformado tomando en consideración otros dos criterios: debe reforzarse sustancialmente su progresividad (corrigiendo con ello las contrarreformas hechas por el PP y el PSOE), y deben ampliarse las bases de cotización.

'Es necesario restablecer la imposición sobre el patrimonio y la herencia'

La progresividad debe reforzarse subiendo los impuestos, pero no a las clases medias y a las clases trabajadoras -como han hecho PP y PSOE con sus respectivas subidas del IVA-, sino reforzando la imposición directa. Es necesario no sólo subir los tramos marginales máximos del IRPF, sino también eliminar las diversas deducciones regresivas existentes en la actualidad. Es necesario además restablecer la imposición sobre el patrimonio y la herencia.

En el caso del Impuesto de Sociedades el problema fundamental radica en la enorme distancia que existe entre el tipo nominal y lo que realmente tributan las grandes empresas. Aunque el tipo nominal del Impuesto de Sociedades era del 30% antes de la última reforma, las 10.000 mayores empresas tributaron al 12% efectivo en 2013. Es necesario terminar por tanto con el amplio abanico de deducciones fiscales de las que hacen uso las grandes empresas del país para eludir el pago de impuestos.

Bruno Estrada López, Fundación 1º de mayo: ¿Qué opinión le merece un impuesto progresivo sobre el patrimonio como el propuesto por el economista francés Tomas Piketty? ¿Como valora la eliminación del impuesto de patrimonio en nuestro país por parte del gobierno de J.R. Zapatero? En el marco de las cuestiones a incluir en el tratado TTIP que se negocia entre la UE y EEUU ¿debería contemplarse una armonización fiscal del impuesto de sociedades y un impuesto sobre patrimonio como el propuesto por Piketty?

Manuel de la Rocha (PSOE): Quitar el impuesto de Patrimonio, sin otro impuesto sobre la riqueza que lo complementase fue un error. Un error que el propio Gobierno de Zapatero enmendó cuando repuso el impuesto en 2011. Nuestra propuesta está en línea con la de Piketty. Proponemos integrar en una figura tributaria única la valoración del patrimonio neto, de forma homogénea y sin excepciones, con la tributación de la renta, corrigiendo las dobles tributaciones que pudiesen generarse, y restando la deuda. Se trata de valorar la capacidad económica derivada del patrimonio independientemente de su instrumentación financiera, con un esquema inspirado en el sistema actualmente vigente en Holanda.

Este modelo de gravamen integrado de la renta y el patrimonio persigue que las grandes fortunas, en particular, contribuyan de forma justa y equilibrada a la financiación del gasto y la inversión necesarios para el funcionamiento del país, algo que hasta el momento no han hecho.

'La armonización fiscal de riqueza y sociedades es el gran reto de las economías avanzadas'

Con respecto a la armonización fiscal de riqueza y sociedades, lo consideramos el gran reto de las economías avanzadas, si queremos cuentas públicas sostenibles y estados de bienestar sólidos. Aunque tendríamos que ponernos los europeos primero de acuerdo y después armonizar con otros bloques económicos.

Alberto Garzón (IU): El impuesto progresivo que propone Piketty es una posible herramienta impositiva pero lo importante no es la fórmula en sí, si no el objetivo que persigue. Piketty parte de la idea de hacer impuestos sobre el patrimonio del capital progresivos y globales, es decir, que se adapten a la situación actual que tenemos donde el capital se ha diversificado en distintos tipos de activos patrimoniales. De lo que se trata es de gravar al patrimonio del capital por encima de su retribución como medida para hacer una redistribución efectiva de la riqueza que se genera, algo que actualmente no ocurre.

Es absurdo que tengamos impuestos de patrimonio que son escasamente progresivos o regresivos y que centren su recaudación en los bajos patrimonios porque las grandes fortunas evaden estos mecanismos impositivos a la vez que obtienen rendimientos de capital enormes. Esto contribuye a que la desigualdad siga incrementándose más y más, ejemplo de ello es que en España la riqueza de las 20 personas más ricas (77.000 millones de euros) es equivalente a la renta del 20% de las personas más pobres, según datos de Intermón Oxfam. Por otro lado, Zapatero eliminó el impuesto de patrimonio como medida electoral en un momento de superávit presupuestario contribuyendo así a lastrar las herramientas de política fiscal que tiene el Estado.

'Habría que recuperar el impuesto de patrimonio y modificarlo para que sea efectivo' 

Pero al final, al igual que comentaba antes sobre que no se trata de subir o bajar impuestos, si no ver qué impuestos se deben subir y cuales hay que bajar, la reflexión es la misma, no se trata de poner o quitar impuestos, si no que estos impuestos sean efectivos para el objetivo para el que han sido creados. Serviría de poco recuperar el antiguo impuesto sobre el patrimonio si no se modifica también su progresividad y su objetivo de recaudación dirigido a otros activos patrimoniales de las grandes fortunas, por tanto, habría que recuperar el impuesto de patrimonio y modificarlo para que verdaderamente sea efectivo.

Por último, dudo mucho que el Tratado de Libre Comercio que se está negociando incluya un impuesto de estas características, fundamentalmente, porque ha sido impulsado por las multinacionales de EEUU y Europa con el fin de mejorar su rentabilidad. La existencia de una un marco impositivo común en Europa debe hacerse no sólo para establecer una presión fiscal similar que impida que se compita bajando impuesto, si no también creando impuestos propios europeos dirigidos a fondos para paliar las desigualdades territoriales que tiene la UE actualmente.

Nacho Álvarez (Podemos): Resulta sorprendente ver hasta qué punto la socialdemocracia ha aceptado los principales dogmas neoliberales y ha renunciado -en el curso de las últimas décadas- a lo que originalmente fueron sus señas de identidad. Un buen ejemplo me parece precisamente la supresión del Impuesto de Patrimonio llevada a cabo por el gobierno de Zapatero.

Para que un sistema fiscal sea no sólo progresivo, sino también eficaz, debe gravar tanto la renta como la riqueza de las familias. Debe tenerse en cuenta que cuando no se hace así, como es el caso en la actualidad, buena parte de la riqueza financiera que se acumula año tras año en las Sicav, en diversas sociedades patrimoniales o en fondos de inversión, no llega a ser gravada.

'Un impuesto fuertemente progresivo sobre la riqueza puede tener un notable impacto recaudatorio'

En ese sentido, un impuesto fuertemente progresivo sobre la riqueza, como el propuesto por Piketty, puede tener un notable impacto recaudatorio y, por extensión, sociopolítico. La forma concreta que pueda adoptar ese impuesto sobre la riqueza (que, a mi juicio, debe incluir también la herencia) puede variar: podría plantearse como un nuevo impuesto a las grandes fortunas, o restituirse el Impuesto sobre el Patrimonio (y modificarlo posteriormente), o también hacer que este impuesto se integre en el IRPF.

Lógicamente la posibilidad de armonizar un impuesto sobre la riqueza a nivel europeo sería un avance económico muy considerable. No obstante, la dificultad para armonizar este impuesto a escala europea no debería desincentivar su aplicación allá donde existan gobiernos nacionales dispuestos a hacerlo. Siempre es necesario empezar en algún lugar a cambiar las cosas. En todo caso, no parece que el tratado TTIP que en este momento negocian la UE y EEUU sea un buen marco para encuadrar la posible armonización de dicho impuesto -dado que el objeto de lo que se negocia es precisamente el contrario: una generalizada desreglamentación económica-.