Este artículo se publicó hace 16 años.
Agentes contra el fraude en la Red
El rastreo continuo y la colaboración ciudadana son las dos herramientas fundamentales que ayudan a los cuerpos de seguridad a combatir la venta ilegal de medicamentos en Internet
El rastreo continuo y la colaboración ciudadana. Son las dos herramientas fundamentales que ayudan a los cuerpos de seguridad a combatir la venta ilegal de medicamentos que requieren prescripción por Internet.
Actúan de oficio, rastreando con periodicidad la Red, y lógicamente, también cuando reciben una denuncia. Combatir este tipo de infracciones es muy complicado, ya que generalmente, los portales que venden fármacos están creados en países que no pertenecen a la Unión Europea.
Entre las unidades que componen la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el grupo de Delitos Telemáticos, especializado en las infracciones que se cometen en Internet, y el de Consumo y Medioambiente colaboran con asiduidad para desarticular las redes que venden fármacos en Internet sin pedir, como es obligatorio, la receta médica.
A la veintena de componentes del primer grupo y a la decena que integra el segundo, hay que sumar los guardias civiles de las diversas comandancias provinciales que, pese a no actuar exclusivamente en el ámbito de los ciberdelitos, también contribuyen a erradicarlos, según explican fuentes del instituto armado.
Además, destacan que para acabar deteniendo a las mafias que actúan detrás de los portales de Internet, se necesita la colaboración de otros grupos, y que en caso de necesidad, cualquiera de los 70.000 agentes del cuerpo pueden participar en la operación.
También la Policía Nacional tiene una unidad especializada en este tipo de delitos. La investigación recae en un cuerpo u otro dependiendo de las competencias que tengan en cada comunidad autónoma. Ambos trabajan de forma conjunta cuando investigan casos paralelos e intercambian información.
El éxito de las operaciones depende en gran medida de la relación y colaboración entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad. Fuera de nuestras fronteras, las autoridades españolas sólo pueden instar a los efectivos policiales del país donde arranca la infracción a que actúen.
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