La agricultura, el capítulo que hace tan sólo dos días parecía cerrado, ha vuelto a surgir como el principal tema de discordia entre los países que negocian cómo salvar la Ronda de Doha sobre liberalización del comercio internacional, confirmaron hoy fuentes de la negociación.

Ante la ausencia de avances, el director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Pascal Lamy, dijo ayer a los negociadores que hoy presentaría un segundo texto de compromiso.

Sin embargo, hasta el momento no lo ha hecho debido a que "la brecha que hay es demasiado grande", explicaron las fuentes.

Lamy empezó las negociaciones de hoy reunido con las siete potencias comerciales (Australia, Brasil, China, Estados Unidos, India, Japón y la Unión Europea), entre las que busca un entendimiento para poder elevar el compromiso a un grupo más amplio de ministros.

Pero, tras observar que las desavenencias resurgían y que había un ambiente poco favorable para el diálogo, Lamy empezó a reunirse por separado con cada uno de los ministros del grupo de los siete.

Las fuentes revelaron que los desacuerdos fueron especialmente notorios entre Estados Unidos, por un lado, y China e India, por el otro.

El ministro indio de Comercio, Kamal Nath, abandonó la sede de la OMC por media hora en la noche y a su regreso dejó en claro a los periodistas que esperaba "movimientos" de parte de EEUU en materia de subsidios a la agricultura y apertura de su mercado a las importaciones de algodón.

Reveló que en la tarde se le presentó una nueva propuesta sobre la cuestión de las salvaguardas especiales que los países en desarrollo podrían utilizar ante un aumento abrupto de las importaciones agrícolas o un fuerte descenso de los precios internacionales.

"Nosotros y varios países lo han aceptado", declaró Nath, sin detallar el contenido del documento, que mostraría mayor flexibilidad -frente a las que se establecía el anterior- para que las naciones pobres puedan aplicar esas salvaguardas.

Tras repetir que India lo había aceptado, retó a "los que no lo han aceptado a salir al frente y decirlo".

Los países desarrollados, a los que se han unido Uruguay y Paraguay en este asunto, exigen que ese mecanismo establezca condiciones estrictas para su aplicación.