Aguirre propone que los profesores sean una "autoridad pública"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, propuso el martes que los profesores sean considerados una "autoridad pública", con el fin de reforzar la figura del docente.

"Esta medida constituye la mejor prevención contra el vandalismo, la violencia y el trato abusivo contra los más débiles, un aprendizaje que debe hacerse en la escuela", dijo Aguirre en su discurso inaugural en el Debate sobre el Estado de la región.

El rango de "autoridad pública" la tienen jueces, policías, médicos o pilotos y marinos al mando de una nave y goza de una protección especial, tipificada en el Código Penal con penas de prisión de dos a cuatro años.

El Gobierno de la CAM llevará a la Asamblea regional la Ley de Autoridad del Profesor, un paso más allá del Decreto de Convivencia aprobado en 2007, por el que se fijaban las normas de comportamiento de los alumnos en los centros educativos de primaria y secundaria que, entre otras cosas, prohibía el uso del teléfono móvil en las clases.

"Un proyecto de ley de autoridad del profesor de modo que se le revista de autoridad y que se le invista de un estatus superior al que este momento tiene y que han tenido en otros momentos los maestros y catedráticos de institutos", dijo Aguirre.

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se mostró dispuesto a abordar el reconocimiento social del profesor y reforzar su autoridad en las aulas, siempre y cuando se haga dentro del pacto por la educación propuesto por el Gobierno.

"Ahí es donde tenemos que decidir qué hacemos con el esfuerzo, con la exigencia, con el sentido de la autoridad y que en esa decisión me gustaría que se tuviese en cuenta además la opinión de los padres, de las comunidades educativas, que no fuera solo una decisión política", dijo Gabilondo.

REACCIONES

Entre los sindicatos de profesores y las asociaciones de padres la división por la iniciativa madrileña está servida, según las declaraciones recogidas por TVE.

"Estamos de acuerdo en ese concepto de autoridad, pero no es suficiente porque el problema es de toda la sociedad", dijo Carmen Perona, abogada de CCOO, uno de los sindicatos mayoritarios entre los docentes.

"Esto es solo un primer paso. Nos gustaría que esto no quedara en el ámbito de esta comunidad sino que fuera un reconocimiento en todo el Estado", señaló Nicolás Fernández, del sindicato independiente Anpe.

Las asociaciones de padres Concapa y Ceapa discreparon ampliamente sobre la medida de reforzar mediante una ley la autoridad de los maestros.

"La consideramos positiva, nos gustaría que abarcase a todo el profesorado, no sólo al profesorado de la pública", dijo Eduardo García, de la Concapa.

"La autoridad como el respeto (...) no se dan por decreto, por una ley. Cada uno se la tiene que ganar, en su trabajo como profesor o como lo que sea", señaló Pedro Rascón, de la Ceapa.

La iniciativa de elevar el rango de los maestros a "autoridad pública" ya la puso en marcha el año pasado la Comunidad Valenciana y también existe en Cataluña, aunque sólo para los directores de los centros escolares.