La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha vuelto hoy al Congreso de los Diputados -donde no comparecía desde hace diez años- para defender un reparto "justo y equitativo" de las inversiones del Estado, que ha sido rechazado por 180 votos en contra, 149 a favor y nueve abstenciones.

En contra de la propuesta, que ha apoyado el PP, han votado los grupos socialista, CiU, ERC-IU-ICV, BNG, UPyD y NaBai, mientras que el PNV se ha abstenido.

Aguirre ha expuesto esta propuesta en nombre de la Asamblea de Madrid, donde hace dos años el pleno acordó que ella defendiera ante la Cámara Baja una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para introducir el principio de "equidad" en el reparto de las inversiones estatales.

"No he venido a pedir dinero, ni privilegios para los madrileños. He venido a pedir equidad para los madrileños y para todos los españoles", ha afirmado Aguirre, cuya intervención ha seguido el Gobierno regional en pleno desde la tribuna de invitados y unos 60 diputados del PP y bastantes menos del PSOE en el hemiciclo, donde no se encontraba Mariano Rajoy.

Para la presidenta madrileña, un reparto equitativo de la financiación y de las inversiones estatales entre las comunidades españolas "viene a ser la piedra angular del Estado de las autonomías" y "si esa piedra es endeble, si está mal tallada o no tiene las proporciones adecuadas, repartirá el peso que se ponga sobre ella de forma desigual".

Ha abogado por que el Estado invierta más en las regiones españolas "más deprimidas" para "acortar distancias con las más prósperas" y ha pedido que éstas no se vean "paralizadas por los cuellos de botella" que provoca una financiación insuficiente y que hacen imposible acometer infraestructuras que benefician a toda España.

Aguirre y la presidenta de los socialistas madrileños y diputada del PSOE, Delia Blanco, han protagonizado un rifirrafe cuando ésta ha criticado su gestión y la ha acusado de "espiar a sus propios compañeros", de "convivir en la Asamblea con diputados muy señalados del caso Gürtel" y de ser una "nostálgica del thatcherismo".

Blanco ha reprochado a Aguirre su "privatización" de los servicios públicos y los recortes presupuestarios para 2010 en educación publica, sanidad, dependencia, transporte y vivienda y ha lamentado que "estamos acostumbrados a oirla hacerse la víctima".

Para denunciar la "falta de ajustarse a la cuestión" que se debatía, ha pedido la palabra la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, pero el presidente del Congreso, José Bono, se la ha denegado y en cambio se la ha concedido a Esperanza Aguirre por "alusiones", sin que ésta la hubiera pedido.

Una oportunidad que Aguirre ha aprovechado para espetar a Blanco que sus afirmaciones eran "absoluta y totalmente falsas" y para decir que "el colmo es que nos digan que los españoles tenemos derecho a la enseñanza pública" cuando "¡ustedes, con las leyes socialistas, han destrozado la educación!".

El portavoz adjunto de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha acusado a la presidenta de querer "torpedear la línea de flotación del Estatuto de Cataluña" y le ha advertido de que una interpretación literal de su iniciativa "conllevaría la desaparición de Madrid como capital del Estado", cuestión que su grupo no está "interesado en imposibilitar", ha apostillado.

La diputada Rosa Díez (UPyD) ha manifestado su rechazo a que "se imponga la uniformidad como vía para conseguir la equidad y la solidaridad", pues "estaríamos derribando los pilares del Estado social que consagra la Constitución".

También Francisco Jorquera (BNG) ha aseverado que "no hay nada más injusto que tratar igual situaciones diferentes", mientras que Gaspar Llamazares (IU) ha opinado que la propuesta de Aguirre significa un modelo "rígido", basado en el "agravio", que "divide y confronta" a comunidades autónomas y ciudadanos.

Pedro Azpiazu, del PNV, ha dicho no entender "lo que se plantea ni lo que se pretende", tras asegurar que los principios de "equidad" y "solidaridad" ya están incluidos en la LOFCA.

La portavoz adjunta del grupo popular, Fátima Báñez, ha defendido que la propuesta de Aguirre "aporta una interpretación acertada y adecuada de la Constitución" y que con ella habría una "más y mejor España".