Acosado por supuestos casos de corrupción, el primer ministro irlandés, Bertie Ahern, anunció hoy que dimitirá el próximo 6 de mayo, tras once años al frente de un Gobierno que gestionó, con éxito, un periodo de gran prosperidad económica y selló la paz en Irlanda del Norte.

A largo plazo, esos serán los pilares de su legado político, pero, a corto, la marcha de Ahern abre un periodo de incertidumbre y vacío que el jefe de la oposición, Enda Kenny (del Fine Gael), está ya dispuesto a explotar.

Nada más conocer la decisión del "Taoiseach" (primer ministro), Kenny pidió la celebración de elecciones generales, a pesar de que el pasado año las urnas otorgaron al partido de Ahern, el Fianna Fail, un tercer mandato consecutivo.

El favorito para suceder a Ahern al frente del Gobierno de Dublín y de la formación republicana es el viceprimer ministro y titular del Finanzas, Brian Cowen, un político popular y respetado por la mayoría de la ciudadanía.

No obstante, en opinión del líder opositor, Cowen o cualquier otro aspirante necesita un nuevo mandato para poder gobernar el país.

Como piedra de toque, el futuro "Taoiseach" afrontará el próximo mes de junio la celebración de un referéndum convocado para ratificar el nuevo tratado de la Unión Europea (UE), el llamado Tratado de Lisboa.

Irlanda es el único país comunitario que llamará a sus ciudadanos a las urnas para pronunciarse sobre el citado texto europeo, un documento simplificado que sustituyó al proyecto de Constitución que Holanda y Francia rechazaron en 2005 en sus respectivas consultas populares.

Con antecedentes como el Tratado de Niza -rechazado por Irlanda en 2001, pero ratificado un año después en otro referéndum- el Gobierno de Dublín y su nuevo líder no pueden permitirse otro traspiés, sobre todo si adquiere fuerza la opción de unos comicios legislativos.

A favor de Kenny juega también el hecho de que la marcha de Ahern coincide con el fin de un periodo de espectacular crecimiento económico que ha durado más de una década, situación que podría hacer soplar aires de cambio entre el electorado.

Sea como fuere, la supuesta relación ilícita de Ahern con empresarios inmobiliarios empezaba a incomodar a varios de sus miembros de gabinete, en especial a sus socios minoritarios del Partido Verde y del Demócrata Progresista.

En 2006, el Gobierno ya sufrió una de sus peores crisis después de que Ahern reconociese que aceptó más de 60.000 euros de empresarios en dos ocasiones entre 1993 y 1994, cuando ocupaba la cartera de Economía y Finanzas y hacía frente a un costoso divorcio.

Los irlandeses le perdonaron en las urnas, pero sus recientes comparecencias ante el tribunal que investiga supuestos casos de corrupción urbanística durante la pasada década se habían convertido en poco menos que una atracción circense que "distraía" el trabajo de su Ejecutivo, tal y como reconoció hoy el propio Ahern.

A la desesperada, Ahern llegó a presentar esta semana ante el Alto Tribunal de Dublín una petición judicial encaminada a limitar las competencias del tribunal anticorrupción.

Los testigos de la comisión investigadora han declarado que en la cuenta bancaria de Ahern y en la de su ex compañera sentimental, Celia Larkin, se ingresaron 45.000 dólares (28.000 euros) y 25.000 libras esterlinas (31.000 euros) durante diferentes periodos de los años noventa, procedentes, al parecer, de conocidos hombre de negocios.

En su defensa, el "Taoiseach" había asegurado que jamás efectuó transacciones con la divisa británica.

No obstante, sus argumentos se vinieron abajo la pasada semana cuando la secretaria de su oficina electoral, Grainne Carruth, confesó ante el tribunal que ella misma ingresó 15.000 libras esterlinas (19.000 euros) en una cuenta corriente abierta a nombre el propio Ahern y de sus dos hijas en 1994.