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Informe Anual - Amnistía Internacional 2020/21

AI denuncia los protocolos que recomendaban no trasladar a los pacientes covid de las residencias a los hospitales

Critica que el número de muertes por covid-19 entre la población de edad avanzada fue "desproporcionado" y lamenta las notables carencias del personal sanitario en equipos de protección individual.

Ancianos pandemia
Trabajadores sanitarios trasladan a ancianos durante la pandemia. Brais Lorenzo / EFE

El Informe 2020/21 de Amnistía Internacional viene, como no podía ser de otra manera, marcado por los estragos que la pandemia ha causado en el mundo. Una pandemia que ha puesto al descubierto las devastadoras consecuencias del abuso estructural e histórico de poder. Hasta el punto de que, si bien el virus no define quiénes somos, sí que nos dice −y mucho− sobre lo que no deberíamos ser.

España no se libra del duro reflejo que le devuelve el espejo de la pandemia. Falta de recursos, arbitrariedad policial, un repunte considerable de la violencia de género y el consabido problema de la vivienda en nuestro país son sólo algunas de las fallas que pone sobre la mesa Amnistía Internacional en su informe La situación de los Derechos Humanos en el mundo

En concreto, la ONG se refiere con "preocupación" a los protocolos de derivación de pacientes adoptados en Madrid y Catalunya que recomendaban tratar a las personas de mayor edad con covid-19 en las residencias en lugar de trasladarlas a hospitales, por "ser discriminatorios y violar el derecho a la salud".

"En el momento álgido de la pandemia, algunas personas residentes en centros de mayores estuvieron confinadas indefinidamente en sus habitaciones, con escaso o nulo contacto con sus familiares y sin supervisión efectiva de las autoridades regionales y nacionales, lo que dio lugar a violaciones de sus derechos humanos", reza el informe.

Además, denuncia que el número de muertes por covid-19 entre la población de edad avanzada fue "desproporcionado", así como notables carencias en equipos de protección individual para el personal sanitario, lo que hizo que se vieran obligados con frecuencia a recurrir a protecciones inadecuadas o a reutilizar materiales concebidos para un solo uso. 

Repunte en la violencia de género

Durante el confinamiento, según detalla Amnistía, el número de mujeres que llamaron a las líneas telefónicas de ayuda contra la violencia de género gestionadas por el Ministerio de Igualdad aumentó un 60% respecto al mismo periodo del año anterior, y el número de consultas online de mujeres que buscaban seguridad aumentó un 586%. Un total de 45 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas.

La ONG estima en más de un millón las multas tramitadas por la policía, y añade que "sancionó arbitrariamente a algunas personas por saltarse el confinamiento impuesto por la pandemia". Los agentes arrestaron a 8.547 personas por incumplir el confinamiento y, según detalla Amnistía, hubo informes de "uso excesivo y desproporcionado de la fuerza" por los agentes al hacer cumplir las normas de confinamiento.

La ONG denuncia que los agentes carecían de "criterios claros para ejercer sus funciones" y aplicaban las normas "arbitrariamente", por ejemplo, poniendo multas a periodistas que estaban haciendo su trabajo y a personas sin hogar o que sufrían otras formas de marginación.

El problema de la vivienda

Por otra parte, Amnistía denuncia que la falta de vivienda asequible y el sinhogarismo "continuaron suscitando gran preocupación". Los reales decretos leyes 8/2020 y 11/2020, aprobados en marzo, establecían moratorias de tres meses en el pago de la hipoteca y de seis meses en el pago del alquiler, respectivamente, para las personas en situación de especial vulnerabilidad.

Ambos decretos suspendían asimismo los procedimientos de desalojo de familias vulnerables si no se les ofrecía una alternativa habitacional. El Real Decreto Ley 30/2020, aprobado en septiembre, prorrogó esta suspensión hasta enero de 2021.

Sin embargo, en abril, el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos sugirió a España, y así lo remarca el informe de Amnistía, la adopción de una nueva legislación que garantizara el derecho a la vivienda, así como la introducción de desincentivos fiscales por mantener viviendas desocupadas y el establecimiento de acuerdos de control de los alquiles en ciudades clave.

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