Air Comet aseguró hoy que "siempre se ha sometido al estricto cumplimiento de la legalidad" y que "contra su voluntad" tuvo que cancelar la venta de billetes el 21 de diciembre y dejar en tierra a miles de pasajeros después de la resolución impuesta de un juez británico.

De esta forma la compañía, mediante un comunicado, se defiende ante la apertura de diligencias que decidió ayer la Fiscalía de la Audiencia Nacional para investigar la posible "conducta defraudatoria" de la aerolínea al cesar sus operaciones y dejar en tierra a sus pasajeros, en su mayoría latinoamericanos.

El Ministerio Público tomó esa decisión después de que el pasado día 12 el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no admitiera a trámite la denuncia de una organización de consumidores al estimar que ésta contenía "meras afirmaciones desnudas, de todo punto genéricas, sobre la posible existencia de un delito que no permiten iniciar un procedimiento penal".

Para la Fiscalía, sin embargo, de la denuncia "se desprenden con meridiana claridad hechos de apariencia delictiva" que, en un primer análisis jurídico, "pueden ser definidos como una conducta defraudatoria que afecta a un importante número de personas".

La compañía reitera que fue la legalidad "impuesta" por la resolución de un juez británico la que provocó que Air Comet dejara de operar el 21 de diciembre y procediera a cancelar la venta de billetes.

Fuentes de la aerolínea propiedad del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reiteraron ayer a EFE que "jamás" vendió billetes tras el cese de operaciones, ni "estafó a nadie".

No obstante, los afectados por el cierre de Air Comet insisten en su objetivo de mantener abierta la vía penal contra los propietarios de la aerolínea y han presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional para que la Sala de los Penal obligue a Pedraz a investigar la posible comisión de estafa o insolvencia punible.