La lucha contra el déficit se limita, por ahora, a un duro ajuste en el gasto público. Las medidas que afectan a los impuestos, especialmente a "los que más tienen", en expresión utilizada por José Luis Rodríguez Zapatero en los últimos días, queda para más adelante. El Consejo de Ministros aprobó ayer, como estaba previsto, el recorte en el gasto de este año y del próximo de 15.250 millones de euros, equivalentes al 1,5% del PIB. Con ello, se pretende reducir los números rojos en las cuentas públicas desde el 11,2% del PIB en que cerró 2009 hasta el 6% en 2011, prácticamente a la mitad.

No hubo ninguna sorpresa relevante en las medidas, recogidas en un decreto ley (que entra en vigor en el momento en que se publica en el BOE, pero que debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados) y en tres acuerdos.

El plan se ciñe a lo anunciado la semana pasada en el Parlamento por el presidente del Gobierno: recorte del salario de los empleados públicos y altos cargos de todas las Administraciones Públicas; congelación de las pensiones en 2011; reformas en la regulación de la dependencia y de las jubilaciones anticipadas; eliminación de las ayudas por nacimiento o adopción (el llamado cheque-bebé); medidas de ahorro en el gasto farmacéutico; y medidas que afectan al control del gasto público, especialmente para las corporaciones locales (se les obliga a dedicar el ahorro del ajuste a reducir deuda o a más inversiones).

Los acuerdos contemplan una reducción del gasto en el Presupuesto de 2010 y de 2011 (concentrado en la ayuda al desarrollo y en las inversiones públicas) y una revisión de los acuerdos alcanzados con comunidades autónomas y municipios para trazar la senda de reducción del déficit en sus respectivos ámbitos. Con ello, se persigue forzar una rebaja en el gasto autonómico y local de unos 1.200 millones, fijándoles nuevos objetivos de reducción de los números rojos.

Sin noticias fiscales

Sin embargo, el Consejo de Ministros, según aseguró la vicepresidenta económica, Elena Salgado, no debatió ayer ninguna medida referida a la fiscalidad. En los últimos días, diferentes miembros del Gobierno se han venido refiriendo a la posibilidad de introducir un nuevo impuesto para las personas con más recursos. El titular de Fomento, José Blanco, aseguró en la víspera que "en breve" se conocería este nuevo gravamen. Pero Salgado aseguró que "no hay en este momento ninguna noticia sobre este tema".

Según medios gubernamentales consultados por Público, el Ejecutivo baraja la idea de poner en marcha lo que llama un Impuesto Extraordinario sobre la Riqueza. Gravaría a los patrimonios superiores al millón y medio de euros, pero también tendría en cuenta el nivel de renta de los contribuyentes.

En el extinto Impuesto sobre el Patrimonio (eliminado en 2008) había en 2007 unas 47.600 personas que declaraban unos bienes por encima de dicha cifra, sobre casi un millón de contribuyentes. Esas personas pagaron 1.239 millones de euros, prácticamente la mitad de la recaudación de Patrimonio.

Cumplir con Bruselas

La vicepresidenta económica no negó que el Gobierno esté barajando un nuevo impuesto que recaería sobre los más ricos, del que dijo que será "temporal", pero insistió repetidamente en que ayer no era el momento de que el Consejo de Ministros abordase el tema de los impuestos. "Hoy hemos dado cumplimiento a lo que el presidente del Gobierno se comprometió en el Parlamento, y a lo que nos comprometimos ante el Ecofin [los ministros de Finanzas de la Unión Europea]", señaló la vicepresidenta. "Otro día hablaremos de los impuestos", reiteró.

Pero no precisó cuándo será ese día. Incluso pareció descartar que fuera en un plazo breve: "Inminente no es una palabra que haya utilizado el presidente del Gobierno; él dijo que será en el momento oportuno", declaró.

Por su parte, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, declaró que el Gobierno "está pidiendo un esfuerzo colectivo", y "los que tienen más posibilidades tienen que hacer un mayor esfuerzo".

Salgado insistió en que "en el momento oportuno presentaremos una propuesta para que haya un esfuerzo de solidaridad por parte de aquellos que más tienen".

El ahorro previsto es de 15.250 millones

Los 15.250 millones que prevé ahorrar el Gobierno entre este año y el que viene se dividen en 5.250 para 2010 y 10.000 para 2011.

Algunas partidas se repiten porque en los 1.200 millones que deben ahorrar las comunidades autónomas se incluyen gastos de dependencia o farmacéuticos.

El recorte de sueldo de los funcionarios y su posterior congelación en 2011 supone el mayor ahorro, con un total de 6.800 millones de euros.

Se ha metido la tijera en los gastos presupuestados para 2010 por 2.425 millones.