Yo tengo bastante más patrimonio que él'. Con esa frase respondió ayer Álvaro Lapuerta, tesorero del PP entre 1993 y 2008, cuando los periodistas le preguntaron su opinión sobre los bienes de su sucesor en el cargo, Luis Bárcenas, quien, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pudo haber cometido un delito contra la Hacienda Pública y otro de cohecho en relación con el caso Gürtel. Los investigadores del caso calculan que Bárcenas ha acumulado un patrimonio de entre 3 y 3,5 millones de euros.

Cuánto es ese 'bastante más' con que ayer describió Lapuerta su patrimonio constituye una incógnita, pero algunas fuentes calculan que 'con facilidad puede tener 20 o 30 millones', en su mayoría procedente de herencias. Madrileño de 82 años con raíces familiares en La Rioja, en el PP es vox populi que Lapuerta es rico por su casa. Lo es también, y más desde ayer, que el antiguo tesorero del partido apoya de modo incondicional a Bárcenas. 'Es un tío espléndido', exclamó al tiempo que remarcaba que le da igual que el caso acabe en el Supremo 'porque lo van a absolver'.

'Uno de sus bisabuelos tenía uno de los bancos más importantes de París', cuenta un antiguo cargo del PP. Y 'le unen lazos de consanguineidad a grandes fortunas españolas', añade. Pero nadie aporta datos concretos más allá de los conocidos: que es abogado del Estado, que está casado y es padre de diez hijos, y que ocupó altos puestos de representación política y ejecutiva en el franquismo. De joven fue boxeador. En los setenta saltó a la vicepresidencia del Banco de Crédito Local y a la dirección de relaciones externas de la ya extinta Empresa Nacional de Petróleo SA.

Abogado del Estado, procurador en las Cortes franquistas por el llamado tercio familiar desde 1967 y diputado al Congreso desde 1977 hasta 2004 primero, por Alianza Popular; luego, por el PP, la trayectoria política y vital de Lapuerta siempre ha navegado en las aguas de la discreción. En 1997 creó la empresa Inmobiliaria El Royuelo SL, cuyos inmovilizados materiales (inmuebles, en este caso) se cifraban en 6,2 millones de euros al cierre del ejercicio 2007.

A nombre de El Royuelo SL, donde Lapuerta desempeña el cargo de administrador solidario junto con su esposa, aparecen consignadas propiedades en nueve registros: uno de Barcelona, otro de Logroño, otros seis de Madrid capital y uno más del también municipio madrileño de Majadahonda.

¿Sabía el PP que Lapuerta se dedica al negocio inmobiliario? 'Sí', responde una fuente, que diluye el propio núcleo de la pregunta el negocio inmobiliario con el siguiente dato: 'El Royuelo se dedica a la administración de los bienes propios de su familia'. La sociedad no construye ni promueve: sólo alquila.

La empresa se constituyó en abril de 1997 con un capital social de cuatro millones de las antiguas pesetas. En diciembre de ese mismo año, y tras dos sucesivas ampliaciones, su capital se situó en 216 millones de pesetas; es decir, 1,3 millones de euros. Previamente, mediante escritura suscrita el 23 de septiembre, El Royuelo compró la que todavía es su sede social, un apartamento de 35 metros cuadrados en una céntrica avenida de Madrid. Otras propiedades fueron adquiridas también mediante compra: por ejemplo, una tienda en Barcelona de 516 metros cuadrados de superficie, una vivienda de 200 metros cuadrados construidos en pleno centro de Madrid y un garaje junto al eje de La Castellana. Por aportación, se hizo con otros inmuebles: un piso de 103 metros cuadrados próximo al madrileño paseo del Prado y un apartamento en el entorno de la transitada plaza de Castilla.

Tras el estallido del caso Gürtel, trascendió que fue Lapuerta quien, en 2004, aconsejó a Rajoy cortar de raíz con el grupo de Correa al detectar que exigía contratos en nombre de la tesorería del PP.

Su nombre se ha visto vinculado a otro caso judicial, pero en calidad de víctima: él mismo reveló a finales de enero que había sido objeto de seguimientos, extremo del que había informado a Rajoy en mayo de 2008. Según Lapuerta, en su conversación con este le transmitió sus sospechas de que los espías trabajaban al servicio de altos cargos del Gobierno de Aguirre.