La magistrada Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, quiere saber si otras consejerías, además de Empleo, utilizaron el sistema elegido por la Junta para el reparto de los fondos ERE, que considera, de momento, ilegal. En un auto de ayer, la jueza afirma que el procedimiento usado por Empleo “implica la ausencia de procedimiento, de control del gasto y del destino de las cantidades” entregadas.

El sistema es el conocido como transferencias de explotación. En el caso de Empleo este sistema venía amparado por un convenio suscrito en 2001, que caducó en 2003, firmado con el antiguo IFA, ahora IDEA, una sociedad instrumental de la Junta. En resumen, la Consejería disponía, decidía cuánto y a quién, y el IFA pagaba. Alaya ya precisó en otro auto anterior –siguiendo a la Intervención de la Junta– que, a su juicio, el procedimiento correcto era una subvención excepcional, que permite un mayor control en el control de los fondos. En opinión de la jueza, la transferencia da lugar a “importantísimas deficiencias” y consideró,  entonces, de manera “indiciaria”, que era un procedimiento “ilegal”.

En el auto de ayer, la magistrada simplemente reclama a la Junta de Andalucía que le informe “si las ayudas a empresas mediante transferencia de financiación a través del IFA o IDEA se han realizado en otras Consejerías (a saber, Innovación, Ciencia y Empresa, Agricultura y Pesca, Turismo, etc)”. No razona su petición ni aporta datos que permitan suponer que, efectivamente, este sistema se utilizó en otras consejerías. La Junta declinó ayer precisar si esto se había producido.

Rosendo y El Pedroso

En el auto de ayer, de 44 páginas, Alaya le dedica especial atención a la trayectoria empresarial de José Enrique Rosendo, hijo del exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), y su “entonces persona de confianza”, José María Sayago Lozano. Según la jueza, las empresas de Rosendo recibieron en cuatro años, entre 2001 y 2004, un total de 13.757.483 de euros repartidos en 20 ayudas diferentes. Por ello, pide auxilio a la Agencia Tributaria para que se investigue “la concentración en las mismas personas y en el mismo grupo empresarial de un número tan importante de ayudas públicas”.

El Pedroso es un lugar importante en el escándalo de los ERE. Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y principal imputado en el caso, también fue alcalde de la pequeña localidad de la Sierra Norte de Sevilla, antes de aterrizar en la Consejería. La suegra de Guerrero, Victorina Madrid Pisabarro, está en el ERE de SOS Cuétara sin haber trabajado jamás allí y también otros amigos suyos, en otros ERE, originarios precisamente de El Pedroso. Además, todas las ayudas recibidas por el hijo del exalcalde le fueron concedidas en la época de José Antonio Viera como consejero de Empleo (2000-2004). Este es ahora secretario general del PSOE de Sevilla y ha sido incluido en el segundo puesto, tras Alfonso Guerra, en la candidatura del PSOE al Congreso. Viera es propietario desde  hace poco de una casa en El Pedroso. Fuentes solventes aseguran que era un destino frecuentado por el exconsejero en sus ratos de asueto.

La jueza sitúa el origen de la que califica como “importante carrera empresarial de Rosendo en 1996. Entonces, el Ayuntamiento de El Pedroso crea la empresa Sociedad de Desarrollo Local SL y, en ella, el alcalde de entonces, Rafael Rosendo, sitúa a su hijo, José Enrique Rosendo, como vicepresidente y consejero delegado en la compañía.

Tres años después, Rosendo hijo inicia la creación de un entramado empresarial que se componía en 2002, según la jueza, de al menos once empresas, dedicadas a diversas actividades, como la agricultura, la ganadería, el urbanismo y la restauración. Todas ellas recibieron importantes ayudas de la Consejería de Empleo, en la que estaban Guerrero y Viera, hasta completar la cifra de 13,7 millones de euros. A la jueza le llama la atención, además, que los pagos se “realizan habitualmente con repetición de las mismas fechas”. El 16 de julio de 2003, cinco de estas empresas recibieron 2,1 millones. El 14 de enero de 2004, se pagaron ayudas a tres de las firmas de Rosendo hijo por importe de 1,35 millones; y el 6 de febrero de 2004, tres de las compañías obtuvieron 3,6 millones.

González Byass

En el auto la jueza requiere también a Empleo que aporte informes sobre una docena de empresas o grupos de empresas, entre las que destaca la empresa González Byass, donde se prejubiló el  sucesor de Viera al frente de la Consejería, Antonio Fernández, imputado en el caso. Alaya quiere que la Consejería le informe de quiénes participaron en la redacción del protocolo por el que se acuerda la concesión de una ayuda a los prejubilados de la compañía jerezana. “En particular, –escribe Alaya– sobre las anotaciones a mano realizadas” en un borrador de protocolo.

Alaya investiga una supuesta trama dedicada a situar a afines al PSOE como perceptores de prejubilaciones a las que no tenían derecho y, también, una supuesta prevaricación de miembros del Gobierno al repartir 647 millones en ayudas sociolaborales entre 2001 y 2010 de manera opaca y sin seguir el procedimiento administrativo previsto para ello. La investigación ya ha determinado que parte de estas subvenciones, concedidas en la época de Viera, fueron a parar a ayuntamientos socialistas, lo que también está bajo investigación.

Los principales imputados en el caso son, de momento, Guerrero y Fernández.