Este artículo se publicó hace 15 años.
El alcalde de Boadilla, imputado en la trama de corrupción
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado al alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, en la presunta trama de corrupción que investiga vinculada a esa localidad madrileña, informaron el martes fuentes judiciales.
El juez ha elevado a 37 personas los encausados en la investigación, añadieron las fuentes.
González Panero presentó el lunes su dimisión a los dirigentes del Partido Popular y tenía previsto hacerla efectiva hoy por la mañana, aunque por el momento no se había materializado, lo que estaba provocando cierto desconcierto en el seno del PP tras los dimes y diretes que se intercambiaron el lunes sobre esta renuncia.
Por la mañana el líder popular Mariano Rajoy anunció la dimisión del regidor, pero González Panero lo desmentía tras declararse inocente ante la Audiencia Nacional, alegando precisamente que él no había sido imputado en la causa.
A última hora de la tarde, y tras una larga reunión en el PP madrileño, el secretario general del partido regional, Francisco Granados, volvió a anunciar la dimisión del alcalde de Boadilla para hoy, lo que también confirmó la presidente de la Comunidad, Esperanza Aguirre, esta mañana en el Senado.
Al parecer González Panero está poniendo como condición que primero dimita la número dos de la alcaldía, María Jesús Díaz, para facilitar la elección de un nuevo alcalde en la localidad.
El caso de Boadilla también desencadenó ayer otras dimisiones dentro del PP, la del consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, por su supuesta relación con uno de los cinco detenidos el pasado viernes, y la del gerente del Mercado Puerta de Toledo y ex alcade de Majadahonda Guillermo Ortega.
Ortega también ha sido imputado en la causa de Garzón.
que no son militantes del PP pero hablaban en nombre del partido - están acusadas de blanqueo de dinero, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal y asociación ilícita, dijeron las fuentes.
El PP ha asegurado hasta ahora que la única relación que su partido tiene con esta operación es que habían contratado ciertos servicios a una empresa investigada.
Los dirigentes del PP han denunciado que hay una campaña de acoso y derribo contra su formación y se han quejado ante el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado por la filtración a los medios de comunicación de un sumario secreto.
"Me parece verdaderamente escandaloso la campaña de desprestigio emprendida contra el Partido Popular... y de ella tendrán que responder quienes están impulsándola", dijo Esperanza Aguirre a los periodistas.
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