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Un alto cargo de Aguirre hizo una obra ilegal

Imputado en la Guateque, Luis Armada reformó su piso sin licencia

ALICIA GUTIÉRREZ

El viceconsejero de Transportes de Madrid, Luis Armada, hizo obras sin licencia en una vivienda del centro de la capital enclavada en un palacete de su familia y en la que él mismo estaba empadronado. Así lo confirma el informe pericial encargado por el juez Santiago Torres, instructor del caso Guateque, y al que ha tenido acceso Público. Armada está imputado en ese caso desde enero de 2008 por presunta responsabilidad penal en la concesión de licencias ilegales durante su etapa como gerente de Urbanismo de Madrid (1997-2003). Entre los expedientes urbanísticos que la empresa pública Tragsa ha auditado por orden del juez figuran dos relativos al citado palacete familiar: el de la vivienda mencionada y otro sobre la reforma del semisótano, que, según el magistrado Torres, obtuvo licencia con "singular agilidad".

Ayer, y a través de un portavoz oficial, Armada admitió que, en efecto, la reforma de su piso se efectuó sin licencia. "Pero las obras se hicieron en 1980, cuando él no era aún gerente de Urbanismo", alegó su portavoz, quien puso énfasis en subrayar que la infracción "ha prescrito en la vía administrativa hace 25 años" y que "el fiscal [del caso Guateque] ya ha dicho dos veces que no ve indicios de delito" en la actuación de Armada. El informe pericial de Tragsa no especifica en qué momento se hicieron las obras, dado que no hay más rastro documental que una solicitud de licencia formulada, efectivamente, en 1980 por el propio Armada y denegada por el ayuntamiento de Madrid.

En noviembre de 2008, un año después del estallido de la operación que destapó la trama de corrupción municipal madrileña bautizada como Guateque y en la que ya hay un centenar de implicados, el juez Torres desestimó el sobreseimiento de la imputación de Luis Armada.

Para mantener la imputación de Armada, el juez aportó, entre otros, el argumento de que la licencia de rehabilitación del semisótano se había otorgado en 2001 con "singular agilidad" y sin que se agotaran "los plazos establecidos" en las ordenanzas urbanísticas. Esa licencia, a la que Armada dio vía libre como gerente de Urbanismo bajo mandato del entonces regidor José María Álvarez del Manzano (PP), había sido solicitada por su tío y presentada con un proyecto elaborado por una sobrina. Ahora, el informe de los técnicos, al que ha tenido acceso Público, resulta inequívoco: "no consta licencia" para las obras de reforma interior de la vivienda, situada en un edificio protegido de comienzos del siglo XX.

Según los peritos que analizaron más de un centenar de expedientes por encargo del magistrado Torres, la vivienda de Armada está "en uso y habitada". "La distribución actual precisa el informe coincide parcialmente con las obras de reforma interior solicitadas, cuya licencia resultó denegada". Y hay más: "Se concluye que, respecto al plano primitivo se han ejecutado nuevas obras de reforma interior, dado que existen cambios adicionales en la distribución respecto al plano presentado como primitivo". El piso de Armada, al que se refieren los entrecomillados, figura en una lista de 16 inmuebles donde se acometieron obras sin licencia.

La semana pasada, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, aventuró la siguiente definición sobre la trama de corrupción municipal puesta al descubierto gracias a la operación Guateque: "Es un cáncer que el PSOE introdujo en el Ayuntamiento de Madrid y que nosotros [el PP] vamos a extirpar".

El alcalde se pronunció así después de que el juez Torres pidiera que se identifique a cuatro concejales de distrito del mandato 2003-2007, cuando Gallardón ya empuñaba el bastón de mando. Las investigaciones apuntan a que varios ediles mediaron para agilizar licencias.

Tras la imputación de Armada, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, se declaró dispuesta a poner “la mano en el fuego” por su honorabilidad. Poco después, el secretario general del PP madrileño y consejero de Presidencia, Francisco Granados, repitió la frase: “Ponemos la mano en el fuego por él”, dijo públicamente.

Cuando el juez Torres lo imputó el 18 de enero, Armada se declaró “encantado de colaborar con la justicia”. El viceconsejero de Transportes aseguró que la suya era una “tranquilidad total”. “En mi etapa como gerente de Urbanismo, la concejalía fue modélica”, apostilló Armada.Armada no es el único político implicado en el ‘caso Guateque’. El concejal del PP Íñigo Henríquez de Luna también está imputado.

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