En pleno apogeo del Caso Rato, a Hacienda se le ha abierto otro frente: el diario El País cuenta este lunes que la Agencia Tributaria ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción un presunto pago de comisiones ilegales a políticos y empresarios en 2006 y 2007 por la instalación de parques eólicos en Castilla y León. 

Las eléctricas pagaron a empresarios locales y altos cargos de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León dinero en metálico o a través de la transmisión de acciones, según cuenta El País

Según la información de este diario, que saca la información de un informe de la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso, "un conjunto organizado de personas y sociedades" cobraron de las empresas eléctricas al menos 110 millones de euros para facilitar y agilizar los trámite de instalación de parque eólicos en la comunidad de Castilla y León. 

El informe de la Agencia Tributaria, fechado el pasado 30 de diciembre de 2014, afirma que entre los beneficiarios de esos pagos, hay "autoridades públicas de Castilla y León", comunidad gobernada por el PP desde 1987.

En la información, El País concreta que se hicieron siete operaciones en las que las eléctricas pagaron a empresarios locales y altos cargos de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León dinero en metálico o a través de la transmisión de acciones de las sociedades creadas para gestionar los parques eólicos.

El diario describe el modus operandi: las eléctricas que querían instalar parques eólicos formaban empresas mixtas con los cargos de la consejería de Economía y empresarios locales "relacionados con el poder autonómico", a pesar de que estos no intervenían para nada en la elaboración y presentación del proyecto. 

La Agencia Tributaria establece una conexión directa e inmediata entre los pagos y las concesiones administrativas para que los parques empiecen a funcionar. De hecho, la información de El País, señala literalmente que "en alguno de los casos, los pagos desbloquean decisiones que estaban pendientes desde hace más de seis años". 

Uno de los beneficiarios de la trama fue el entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado Núñez. Según El País, Delgado firmaba las autorizaciones administrativas "en virtud de acuerdos de avocación específicos". El titular de la Consejería de Economía desde 2003 es Tomás Villanueva. Está considerado como la mano derecha del presidente autonómico, Juan Vicente Herrera.

La Junta defiende la legalidad de las actuaciones

Tras conocer la noticia, el consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha dicho este lunes que, tras realizar un "primer examen", la tramitación de las autorizaciones para instalaciones de energía eólica puestas en cuestión por la Agencia Tributaria (AEAT) "ha sido correcta y ajustada a la legalidad".

De hecho, el portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado que van a remitir de forma urgente a la Fiscalía Anticorrupción los expedientes sobre las autorizaciones de los parques eólicos en la Comunidad, y que el consejero va a comparecer ante la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León para informar sobre este asunto.

Villanueva ha distinguido el procedimiento de autorización de la instalación, en el que sí interviene la Administración autonómica, de las operaciones que, según la Agencia Tributaria, llegaron después entre las empresas, lo que ha considerado "relaciones entre particulares".

"La actuación ha sido correcta y ajustada a la legalidad", afirma el consejero de Economía de la Junta de Castilla y León

El titular de Economía y Empleo ha dicho que "nunca" ha habido denuncias ni impugnaciones de empresas por supuestos tratos de favor a otras compañías en procedimientos de este tipo, ya que las únicas alegaciones que se han tramitado han tenido una naturaleza medioambiental, debido a que estas autorizaciones se sometían a examen de impacto ambiental.

Preguntado si le consta que uno de los supuestos beneficiarios, en aquel momento consejero delegado de la empresa pública Excal, Alberto Esgueva, era titular de una de las compañías que al parecer se vio involucrada en estas prácticas supuestamente fraudulentas, según la información de El País, ha respondido "evidentemente no me consta", ya que "se hubieran tomado medidas".

Villanueva ha reconocido que estas informaciones generan "alarma" y la sociedad "necesita una aclaración", aunque ha pedido "respeto" por los tiempos de la Justicia, a la que ha trasladado su "plena confianza" y ha ofrecido su colaboración.