Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que las víctimas de la violencia machista en España siguen sin recibir una protección "adecuada" del Estado, al tiempo que expresó su preocupación por los inmigrantes y solicitantes de asilo.

AI, con sede en Londres, hizo esa condena en su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, que se basa en datos de 2009 y se presentó hoy en la capital británica.

"Las víctimas de violencia de género, y en particular de trata de personas, seguían sin recibir protección y asistencia adecuadas del Estados", señala la organización.

"A pesar de algunos avances en los últimos años, continuaron muriendo mujeres a manos de su pareja o su ex pareja", subraya Amnistía, que recuerda que el problema afecta también a mujeres inmigrantes.

Así, la ONG defensora de los derechos humanos hace hincapié en que "las mujeres migrantes que sufrían violencia en el entorno familiar seguían enfrentándose a dificultades adicionales para obtener justicia y acceder a servicios especializados".

En su opinión, "la respuesta institucional a otras formas de violencia basadas en el género, como la trata de seres humanos para fines de explotación sexual, aún era insuficiente".

AI cree que "las víctimas de violencia de género que intentaron obtener resarcimiento se encontraron con numerosos obstáculos, entre ellos la falta de indemnizaciones por las secuelas psicológicas de la violencia".

La organización también llama la atención sobre los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en España.

Según la ONG, los inmigrantes y solicitantes de asilo siguieron arriesgando su vida para llegar al país ibérico en 2009 a través de peligrosas rutas marítimas y terrestres, si bien "los datos oficiales reflejaron un descenso del 45 por ciento en el número de llegadas en patera en comparación con el año anterior".

Con todo, España tiene todavía "una de las tasas de reconocimiento del derecho de asilo más bajas de la Unión Europea", pese a que la reforma de la Ley de Asilo amplía los motivos para reconocer la condición de refugiados.

Asimismo, AI denuncia que "sindicatos policiales informaron de que agentes de la comisaría de policía de Vallecas, en Madrid, habían recibido órdenes de cumplir un cupo mensual específico de detenciones de inmigrantes irregulares".

Otros agentes -recuerda- denunciaron haber recibido instrucciones parecidas en otras partes del país, aunque el ministro español de Interior negó que existiera semejante política.

A ese respecto, AI alude a "informes de ONG de toda España" que indican que el año pasado "aumentaron los controles policiales de identidad por motivos raciales", como consecuencia de las "medidas de control de la inmigración".

Como en años anteriores, Amnistía se ocupa de los abusos cometidos por grupos armados en España y menciona a la banda terrorista ETA, que "prosiguió su campaña de violencia y se atribuyó la autoría de dos homicidios".

Por otro lado, la organización considera que "se avanzó poco en la investigación de desapariciones forzadas y fosas comunes" relacionadas con la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975).

España -precisa- ratificó el pasado septiembre la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, pero "la desaparición forzada todavía no figuraba como delito en el derecho español".

AI recuerda que la Audiencia Nacional española resolvió en diciembre de 2008 que "no era competente para investigar casos de desaparición forzada que databan de la Guerra Civil y los primeros años del régimen de Francisco Franco".

En su informe anual, Amnistía Internacional añade que "continuaron las denuncias de tortura y malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aunque su número disminuyó, según informes, en las comisarías de policía donde se habían instalado sistemas de circuito cerrado de televisión".

Sin embargo, las autoridades españolas siguieron aplicando el "régimen de incomunicación a personas detenidas", pese a los llamamientos de organismos internacionales de derechos humanos para abolir esa práctica.