Amnistía Internacional (AI) denunció abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad en la región iraquí del Kurdistán, y pidió al Gobierno autónomo que tome medidas contra los responsables.

En un comunicado, la organización de defensa de los derechos humanos asegura que los "Asayish" (encargados de seguridad) "operan fuera de la ley y regularmente abusan de su poder", con detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones.

Amnistía reconoce que el Gobierno autónomo kurdo ha hecho algunos progresos en materia de derechos humanos, y la región ha quedado más o menos al margen de la violencia que continúa azotando a Irak.

Sin embargo, según el director del programa de Oriente Medio y el Norte de África, Malcolm Smart, "continúa habiendo problemas reales -como detenciones arbitrarias y tortura, ataques a periodistas y a la libertad de expresión y violencia contra las mujeres- que el Gobierno debe abordar urgentemente".

AI ha elaborado un informe, titulado "Esperanza y Miedo, los derechos humanos en la región del Kurdistán de los iraquíes", en el que documenta casos de abusos de derechos humanos recogidos en 2008, entre ellos personas detenidas y torturadas por los "Asayish" o desaparecidos cuyo paradero aún se desconoce.

Entre los métodos de tortura utilizados hay choques eléctricos en diferentes partes del cuerpo, palizas con cables o porras de madera o hierro, suspensión por las muñecas o tobillos, golpes en la planta de los pies, puntapiés y privación del sueño.

AI señala que cientos de detenidos que fueron recluidos durante años sin cargos ni juicio han sido finalmente liberados, pero añade que el Gobierno todavía no ha limitado como se espera los poderes de las fuerzas de seguridad.

Tampoco ha logrado imponer un control sobre los "Parastin" y "Dezgay Zanyari", los brazos de seguridad de los dos principales partidos políticos kurdos -Partido Democrático del Kurdistán (PDK) y la Unión Patriótica de Kurdistán (UPK)-, que juntos forman el Gobierno autónomo.

Para que sean efectivos los recientes avances en derechos humanos, el Ejecutivo de la región "debe tomar medidas concretas para sofrenar a estas fuerzas y hacerlas responsables ante la ley", dijo Smart.

Además, debe hacer más para proteger la libertad de prensa y acabar con la violencia y discriminación contra las mujeres, que frecuentemente son víctimas de "crímenes de honor" por parte de hombres que "quieren someterlas".