Amnistía Internacional (AI) pidió hoy un nuevo modelo económico y liderazgo político para superar la "crisis de derechos humanos" que está acompañando a la recesión y a la que los Gobiernos, incluidos los del G20, no están prestando suficiente atención.

"Bajo la crisis económica hay una explosiva crisis de derechos humanos", dijo la secretaria general de AI, Irene Khan, al presentar el informe anual de la organización sobre "El estado de los derechos humanos en el mundo" (2009).

Khan pidió un "new deal' (nuevo acuerdo) mundial" sobre derechos humanos con compromisos y medidas concretas de los Gobiernos "para desactivar esta bomba", e invitó a los líderes a invertir en los derechos "con tanta determinación como lo hacen en la economía".

El informe de AI denuncia que, en la crisis financiera, al igual que en el cambio climático, aunque "los ricos han causado la mayor parte de la destrucción son los desfavorecidos quienes sufren las peores consecuencias".

"El mundo necesita un liderazgo diferente, un modelo distinto de política y también de economía, algo que funcione para todas las personas y no únicamente para unos pocos privilegiados", afirmó la secretaria general.

AI alerta de que, si no se toman medidas, la crisis económica se traducirá en un creciente recorte de los derechos humanos, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, que, a menudo, aplican un "doble rasero".

La falta de comida, agua, trabajo, tierra y vivienda, junto con el incremento de la desigualdad y la inseguridad, la xenofobia y el racismo, la violencia y la represión, "conforman una crisis mundial que requiere soluciones globales basadas en la cooperación internacional y los derechos humanos".

Amnistía critica que los Gobiernos se concentren en atajar los problemas económicos y avalar a sus sistemas financieros mientras se deteriora la situación de derechos y libertades y se recrudecen los conflictos.

En su informe, denuncia la pobreza extrema en África, las desigualdades y marginación de los indígenas en América Latina, las penurias de las poblaciones urbanas y comunidades rurales pobres de India y China, las favelas de Brasil, la marginación de los gitanos en Europa y la disparidad de ingresos en países desarrollados como EEUU, el más rico del mundo.

Las desigualdades, dice AI, se extienden a los sistemas de justicia y a las instituciones financieras internacionales, que han hecho más esfuerzos para favorecer el mercado libre y proteger a la empresa que para defender a los ciudadanos de las violaciones de sus derechos.

Amnistía condena las políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que, para favorecer la liberalización y apertura de los mercados, "han debilitado las redes de seguridad social", tan necesarias ahora, en momentos de crisis.

El modelo económico imperante provocó este año una grave crisis alimentaria y propicia la ruina de los agricultores locales, afectados además por el cambio climático.

La escasez de comida se ha utilizado como arma en conflictos como los de Zimbabue, Darfur, Sri Lanka o Birmania, donde las autoridades se negaron a autorizar ayuda humanitaria para 2,4 millones de supervivientes del ciclón "Nargis".

La crisis económica está dando lugar al despido de inmigrantes -con el consiguiente descenso de las remesas económicas a sus países en general pobres- y a duras políticas migratorias que les exponen a la explotación y el abuso, además de potenciar el aumento del racismo y la xenofobia.

AI alerta del peligro de ignorar conflictos sangrientos como el de Gaza o Afganistán, por el riesgo de que repercuta en un crecimiento del extremismo, y de utilizar la crisis como excusa para recortar las libertades civiles y reprimir protestas.

Amnistía pide al G20, grupo de las veinte economías más ricas y emergentes del mundo, que se comprometió a reactivar la economía, que proteja los derechos humanos, y recuerda que cada uno de ellos tiene problemas en casa.

Así, insta en concreto a Estados Unidos a reconocer los derechos laborales de los ciudadanos, a la Unión Europea (UE) a proteger a los refugiados y potenciar la lucha contra el racismo y la xenofobia, y a Brasil, México, Rusia y China, entre otros, a mejorar su historial de protección de los derechos.