Una amplia mayoría de estadounidenses apoya la persecución de inmigrantes ilegales en Arizona, mientras que sólo el 25 por ciento respalda la política del presidente Barack Obama, que incluye legalizar a millones de indocumentados, según un estudio.

La polémica ley de Arizona aprobada el mes pasado exige que la policía estatal y local, tras realizar un "contacto legal", revise la situación migratoria de cualquiera del que sospechen de manera razonable que se encuentra ilegalmente en el país y arreste a quienes no puedan presentar sus papeles.

El informe de Pew Research Center for the People and the Press (www.people-press.org) halló que el 59 por ciento de los adultos encuestados en un sondeo nacional dio su respaldo total a una ley que los opositores califican de inconstitucional y que favorecerá la discriminación.

El 73 por ciento dijo apoyar una medida que exija a los ciudadanos presentar documentos que verifiquen su estado legal si la policía se los pide, mientras que el 67 por ciento aprueba permitir a la policía detener a quien no pueda verificar que se encuentra en el país de forma legal.

La nueva ley provocó un debate sobre inmigración en la política estadounidense, y renovó el esfuerzo de Obama y algunos senadores demócratas por reformar las leyes federales de inmigración, algo que es considerado una apuesta demasiado grande antes de las elecciones parlamentarias de noviembre.

Obama apoya un sistema que permita a los inmigrantes indocumentados con buen comportamiento pagar una multa, aprender inglés y convertirse en ciudadanos en toda regla. También respalda endurecer la seguridad fronteriza y perseguir a los empleadores que contratan a trabajadores indocumentados.

un 54 por ciento - dijo que la desaprobaba.

El estudio encontró que incluso los demócratas están divididos por la ley de Arizona, que entrará en vigor a finales de julio, con un 45 por ciento de apoyo y un 46 por ciento de rechazo.

La medida, promulgada el 23 de abril por la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, desató críticas internacionales, impugnaciones legales y un llamamiento a boicotear económicamente al estado del Gran Cañón.

El martes, expertos de Naciones Unidas en derechos humanos se sumaron a las críticas a la ley, diciendo que podría llevar a que la policía se centre en personas basándose en su origen étnico, en violación de la ley internacional.