El "anciano" rey, pitado en el Supremo, no acierta a decir bien sus tres frases

El acto en el que se celebra la apertura del Año Judicial ha puesto en evidencia algo que ya apuntó la semana pasada la princesa alemana Corinna cuando dijo: "El rey es una persona mayor que lucha contra sus problemas de salud y necesita la mayor ayuda posible". Durante el acto sólo tenía que leer cuatro frases cortas dando paso a dos oradores: el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner.

Eran frases sencillas, sólo había que decir: "Tiene la palabra el Fiscal General del Estado", esperar a que hablase, dar la palabra al presidente del CGPJ y, por último, cuando terminaran los dos oradores, dar por inaugurado el Año Judicial. Apenas diez minutos. Pero el rey fue incapaz de seguir tan sencillo guión y se dio paso dos veces al Fiscal General del Estado. Tuvo que ser el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el que le enmedara la plana.

Un tropezón verbal al que hay que añadir en los últimos meses otros de carácter físico, como el que protagonizó hace año y medio durante una cacería en Botsuana, precisamente en compañía de Corinna. Contratiempos físicos que le han hecho visitar los quirófanos varias veces en los últimos meses y que le tienen amarrado a unas muletas.

Además, a su llegada al Tribunal Supremo, sede del acto, el rey, como todos los asistentes tuvo que escuchar silbidos, pitos y abucheos, algo a lo que la Familia Real se está acostumbrando en los últimos tiempos. Había una protesta de funcionarios judiciales a la entrada. Los sindicatos del sector habían convocado a todos los colectivos relacionados con la Administración de Justicia y a los ciudadanos en general a una concentración de protesta ante el Supremo que coinciendo con el acto.

Además del rey Juan Carlos, al acto acudieron el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos.

También asistieron los presidentes de órganos constitucionales como el Consejo de Estado —José Manuel Romay Beccaría-— y el Tribunal de Cuentas —Ramón María Álvarez de Miranda— a quienes se sumará la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, además de dos expresidentes del Supremo, Pascual Sala y Francisco Hernando.

Al término del acto, es habitual que el rey departa con los invitados y con los periodistas mientras se sirve un aperitivo. En esta ocasión, el monarca apenas estuvo diez minutos en esa fase más distendida, y habló solamente, apoyado en una muleta, con Ruiz-Gallardón, Moliner y Torres-Dulce, que le rodeaban. A continuación se marchó, usando el mismo ascensor en el que había subido al salón de plenos donde se desarrolló la ceremonia.

Ya mentidos en los discursos, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce quiso, así de entrada, que el rey representa y simboliza la unidad de España. Luego advirtió en relación a la corrupción que "el delito no renta" y que "no hay zonas de penumbra" en las que se puedan agazapar "quienes se lucran a costa del interés común".

Durante su discurso en la solemne apertura del Año Judicial, presidida por el rey, Torres-Dulce constató contra este tipo de delincuencia "una creciente concienciación ciudadana" que ha motivado el incremento de las denuncias de irregularidades, "lo que constituye un prometedor síntoma de reacción social".

"Vivimos una crisis económica severa y prolongada que erosiona el caudal de ilusión de amplios sectores de la sociedad y puede poner a prueba la solidez del entramado institucional de nuestro país", dijo Torres-Dulce, quien señaló que ante este riesgo todos los responsables públicos deben permanecer alerta.

Torres-Dulce mostró su preocupación porque el "inevitable sentimiento de desánimo" provocado por la crisis "derivase en desafección de la cosa pública", pero ha asegurado que "esta sombría realidad" no ha mermado de momento "el deseo de participación social de una ciudadanía".

En este sentido, Torres-Dulce rechazó la idea de la Justicia como "ejemplarizante" y se mostró más partidario de una justicia "equitativa", cuya verdadera finalidad es "restablecer el orden jurídico conculcado" y "no satisfacer sentimientos subjetivos de venganza, por legítimos que sean".