Andalucía abre el Parlamento a la calle con el 'escaño 110'

El 15-M puede apuntarse otro tanto. El Parlamento de Andalucía aprobó ayer por unanimidad (PSOE, PP e IU) crear un escaño desde el que puedan intervenir los promotores de Iniciativas Legislativas Populares (ILP). El escaño 110, que dará voz pero no voto, forma parte de la amplia batería de medidas de transparencia y calidad democrática abordadas ayer en el Parlamento, donde culminó un debate abierto en junio a raíz de las exigencias planteadas desde mayo por los indignados. El objetivo de la medida, dijo desde la tribuna el socialista José García Giralte, es "prestigiar la política, oír a la sociedad y fomentar la participación". Alfredo Pérez Rubalcaba defendía una medida similar, el escaño 351.

La proposición no de ley, presentada por el PSOE, requiere la modificación del reglamento de la Cámara para crear el nuevo asiento. También cambia la Ley de ILP a fin de que el número de firmas para presentar una iniciativa baje de 75.000 a 40.000 y de que valgan las firmas electrónicas, entre otras medidas. Diego Valderas, líder andaluz de IU, pese a apoyar la medida, abogó sin éxito por abrir el abanico de temas sobre los que es posible presentar una ILP a los que afectan directamente a la gestión económica.

El debate que concluyó ayer con la aprobación de esta medida se abrió el 29 de junio, cuando el presidente andaluz, José Antonio Griñán, difundió su renta (85.131,29 euros en 2010 junto a su esposa), generando una controversia que desembocó en la publicación de la declaración de los otros 108 diputados. En algún caso, como el de Javier Arenas, presidente del PP andaluz, tras varios amagos y demoras.

En medio de aquel debate los partidos crearon un grupo de trabajo que concluyó con una serie de proposiciones, de las que sólo han llegado al pleno las del PSOE, que gobierna con mayoría absoluta. Pero si los socialistas lograron que PP e IU votaran ayer a favor de su iniciativa sobre el escaño 110, distinto fue el caso de la segunda proposición de ley, la que establece la incompatibilidad de los cargos de alcalde y parlamentario regional.

El PSOE tuvo que sacar esta medida en solitario. En adelante los alcaldes (o presidentes de Diputación) que sean elegidos diputados tendrán que dimitir después de uno de los dos cargos. La incompatibilidad afecta a 17 alcaldes-diputados del PP, que ayer eligió para debatir a la regidora de Fuengirola (Málaga), Esperanza Oña. La portavoz acusó a los socialistas de aprobar una medida "totalitaria" y de ser "vengativos" e "hipócritas". En Galicia rige desde 1992 una medida aún más dura, la inelegibilidad de los alcaldes como parlamentarios, promovida por Manuel Fraga.

El grupo de IU, pese a que Valderas ha sido un convencido defensor de la incompatibilidad, se abstuvo por creer limitada la redacción. Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda afectado por la medida y crítico con el apoyo de IU a la misma durante su tramitación, se salió del plenario al empezar a debatirse. Con su abstención, Valderas evita dar un motivo de descontento a Gordillo, líder de la formación CUT-BAI, enfrentado con el PCA por ser cabeza de lista por Sevilla en las autonómicas de 2012.

La proposición aprobada ayer obliga a los diputados a hacer pública su renta, aumenta las obligaciones de los altos cargos de informar a la Cámara sobre la relación de sus familiares con la Junta e impide compatibilizar el sueldo con cualquier otro ingreso público o privado (salvo los casos de docencia establecidos en la ley). También elimina la pensión especial (el 60% del sueldo del presidente andaluz) para los expresidentes autonómicos.