La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, anunció hoy que ha 'anulado' la orden de expulsión de la transexual argelina, que estaba internada en el centro de Valencia, tras 'ver los argumentos' expuestos por el abogado de la joven transexual. En este sentido, explicó que en el recurso presentado pidió la 'revocación de la orden de expulsión' por un 'perjuicio irreparable' para su defendida en el caso de que se llevara a cabo, ya que su vuelta a Argelia, según dijo, 'pondría el peligro su integridad' por el tratamiento legal de la transexualidad, porque en su país 'no podría vivir' tal y como ha elegido.

Tras guardar cinco minutos de silencio por los últimos casos de violencia de género, Encarna Llinares indicó, preguntada por los medios de comunicación, que ayer mismo firmó la revocación de la orden de expulsión de esta joven. Así mismo, recordó que 'lo primero' que se dijo sobre este asunto es que 'se siguió escrupulosamente la Ley' y que el letrado 'no había remitido ningún recurso a la Subdelegación, que es como se deben hacer las cosas, por los trámites ordinarios, mediante la presentación de un recurso a la Subdelegación'.

Finalmente, la subdelegada del Gobierno resaltó que 'el abogado ha hecho este recurso y, viendo los argumentos' que exponía, ha 'anulado la orden de expulsión ayer mismo'. Por su parte, el letrado de la joven, Enrique Cutillas, expresó a Europa Press su 'satisfacción' al conocer la noticia y que ya se le había anticipado que la administración, que tiene potestad para revocar actos administrativos, iba a utilizar esta vía.

A su modo de ver, es 'una buena noticia' que conllevará la salida de su defendida del Centro de Internamiento de Valencia y que a partir de ahora pueda tramitar su regularización en España a través del 'régimen general', lo que deja fuera la necesidad de pedir asilo porque la joven carece de sanción por parte de la administración. Así, Cutillas explicó a Europa Press que la joven tendrá que 'acreditar su arraigo' en España y un contrato laboral, aunque también podría presentar un informe de Servicios Sociales que le eximiría de este último punto.

La expulsión se decretó el pasado mes de julio 

Los hechos se remontan a julio del pasado año, cuando se decretó su expulsión del país. Posteriormente, el pasado 7 de enero, tras ser detenida por los mismos motivos, el juzgado de Instrucción número 1 de Alicante acordó el internamiento propuesto por la Policía, al que no se negó el fiscal.

Cutillas recurrió la medida judicial de internamiento, que ahora queda sin efecto, y al mismo tiempo también presentó un recurso ante la Subdelegación del Gobierno pidiendo la revocación del acto administrativo de la orden de expulsión. Los motivos alegados fueron que se le podría causar un 'perjuicio irreparable' por el tratamiento legal que recibe la condición sexual de su cliente. De hecho, actualmente la homosexualidad allí está recogida legalmente como delito.