Este artículo se publicó hace 17 años.
ANV dice que la ilegalización en las elecciones conculcaría los derechos de los independentistas
ANV advirtió hoy de que "ilegalizar o prohibir" su participación en las próximas elecciones supondría "conculcar los derechos de todos los independentistas" vascos.
Ésta es una de las conclusiones de un manifiesto, titulado "Nosotros, la nación vasca. Independencia", presentado en una rueda de prensa en San Sebastián por representantes de ANV, formación que ya anunció recientemente su intención de concurrir a los comicios generales de marzo de 2008.
El texto, leído en castellano por Mariné Pueyo, concejal de ANV en Pamplona, reclama la "igualdad de oportunidades para todos los proyectos políticos, incluidos los independentistas".
Insiste en que la "independencia tiene que estar presente en todos los escenarios políticos", entre ellos el electoral, y recalca que "sólo la actuación unitaria de todos los independentistas garantizará el futuro de la nación vasca".
"Gracias a la independencia dejaremos atrás la dura y cruel humillación del vasallaje, abriremos las puertas de la igualdad y de la justicia con los pueblos y tendremos nuestro espacio en el mundo", con lo que los deseos "se convertirán en realidad", agrega el texto.
Acción Nacionalista Vasca afirma que el tiempo comprendido entre 1512 y 2012 supone "500 años de invasión española y 500 razones" para que los vascos "rompan las cadenas del sometimiento" y abran las "puertas de la independencia".
"Nos niegan nuestra identidad, nos desprecian y nos cierran el camino de la libre determinación para hacernos desaparecer como nación", añade el manifiesto, en el que ANV advierte de que no renunciará a la "nación vasca" aunque España y Francia quieran cortarles "las alas".
ANV denuncia además que el objetivo histórico sea que el pueblo vasco permanezca sumido "en la grande España y la fraterna Francia gestionando las migajas del regionalismo descentralizador".
Critica en este sentido que se niegue una autonomía en la que se garantice el derecho a decidir de los ciudadanos y que se repudie así la "oportunidad histórica" de ofrecer al pueblo una "solución política a un conflicto que va a cumplir 500 años".
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