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La APM ya tenía decidido ir a la huelga desde junio

Admite que no esperaron a conocer el Plan de Modernización de la Justicia

M. Á. M.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera y de corte conservador, decidió convocar la huelga anunciada para el próximo 8 de octubre tres meses antes de que el Gobierno tratara de responder a sus reivindicaciones con la aprobación del Plan de Modernización de la Justicia el pasado 18 de septiembre.

La convocatoria se cerró el 12 de junio. La APM acordó ese día llamar a una huelga de togas el 8 de octubre, de manera 'firme y definitiva', según trasladó el presidente de la asociación, Jesús María Chamorro, a sus afiliados. 'A partir de este momento, lo único que cabrá plantearse es si procederá desconvocarla', advertía por carta tres días después.

El preaviso de huelga, al que ha tenido acceso Público 'un requisito previo', según explica el portavoz de la asociación, Antonio García confirma en su arranque que la APM se decantó por la huelga 'de conformidad con el acuerdo adoptado en fecha 12 de junio de 2009' tres meses antes de la aprobación del plan de modernización que califican en su escrito de 'insuficiente'.

'El camino recorrido desde febrero ya había encendido todas las alarmas', justifica García para explicar una decisión adoptada por la APM sin esperar a conocer la oferta del Gobierno recogida en su plan de modernización.

'La huelga ya está convocada formalmente', advertía esta asociación el 24 de septiembre, cuando envió el preaviso a Justicia, las comunidades y los órganos de gobierno de los jueces. Dos cambios pueden frenar el paro, según García: 'que los Presupuestos asignados a Justicia cumplan las expectativas algo ya descartado por la APM y constatar avances significativos en nuestras reivindicaciones antes del día 8'.

No se han producido. Pasados el verano y tras varias reuniones con el Gobierno la última, el pasado martes el sector conservador de la judicatura mantiene viva su convocatoria unilateral, que rechazan las otras dos grandes asociaciones judiciales: Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia.

 

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