El Estado aportará todo el dinero que haga falta para que Bankia sea una entidad totalmente "solvente", ya que, por el momento, el grupo debe sanear aún unos 9.000 millones más para cubrir su riesgo inmobiliario.

Esto no quiere decir que el Estado vaya a aportar exactamente esa cifra, ya que además, Bankia tendrá que reconocer posiblemente pérdidas en su patrimonio tras las advertencias hechas por su auditor, que aún no ha firmado sus cuentas de 2011.

Esta misma semana, previsiblemente el viernes, el nuevo equipo gestor de Bankia presentará el plan de viabilidad del grupo, que será clave para determinar la ayuda que requiere y que el Estado está dispuesto a proporcionar plenamente.

Con el dinero público se busca que la entidad esté "absolutamente saneada y todos estemos seguros", ahorradores, el propio futuro de Bankia y la economía española, ha explicado el ministro De Guindos, que hoy ha comparecido a petición propia en el Congreso.

Lo hacía para explicar su reforma financiera, que exigirá a la banca española sanear unos 84.000 millones su riesgo inmobiliario, y para dar cuenta del proceso de nacionalización de Bankia, por el que está dispuesto a volver a comparecer ante la Comisión de Economía.

Por el momento, ha trasladado a los diputados la idea de que el dinero público no corre peligro porque tras la nacionalización de Bankia, el grupo podrá sanearse y el Estado podrá vender la participación que tome en "en el plazo más breve posible" velando por el interés del contribuyente.

Pero antes de eso, el Gobierno exige al nuevo equipo gestor que presente un plan de viabilidad, reduzca el tamaño de los consejos de administración de Bankia y su matriz, BFA, y renueve a sus miembros, en su mayoría políticos, para que haya "profesionales de reconocido prestigio e independientes".

Para De Guindos, esta última condición es "imprescindible" para atraer futuros inversores y garantizar la viabilidad del grupo, que pasará a estar controlado totalmente por el Estado en cuanto termine la valoración que se está haciendo del mismo y Bruselas autorice la operación.

La toma de control del grupo se llevará a cabo mediante dos ampliaciones de capital, la de BFA, que servirá para canjear la ayuda inicial de 4.465 millones que recibieron en el pasado las cajas que lo formaron, y otra para la filial cotizada, Bankia.

En el caso de esta última, los accionistas, que en su mayoría han visto cómo su inversión se ha reducido considerablemente, tendrán derecho de suscripción preferente en la ampliación, garantizada por el Estado, que tendrá para empezar el 45 % de Bankia.

Con esa segunda ampliación, el grupo BFA-Bankia estará en condiciones de sanear los 9.000 millones que aún le quedan por su riesgo inmobiliario, 7.100 millones en provisiones y 1.900 millones para crear un colchón de capital.

Todo esto porque De Guindos piensa que la fusión de Caja Madrid y Bancaja fue un "error" y la salida a bolsa de Bankia no fue "lo más adecuado", aunque ahora piensa que el grupo está en una situación "mucho más segura" que hace un mes, por lo que pide tranquilidad a los clientes.

De hecho, a preguntas de los diputados sobre los que compraron participaciones preferentes de las cajas de Bankia, De Guindos ha considerado que el nuevo equipo debería buscarle soluciones y en un plano más general, se ha comprometido a que el Gobierno impedirá que se vendan este tipo de productos únicamente entre particulares.

Durante la comparecencia, los diferentes grupos parlamentarios han criticado la tardanza en actuar con Bankia y han pedido que el Gobierno depure responsabilidades y haga lo posible para asegurar la obra social.

Para Valeriano Gómez, del PSOE, Bankia es "la mejor y más grande expresión del error más grave cometido" en la banca española en el siglo XX y el resultado de una gestión "deplorable".

De la misma manera, Josep Sánchez-Llibre, de CiU, ha denunciado la "tardía y precipitada" nacionalización de la entidad, lo que ha provocado una pérdida de confianza en los mercados.

Desde Izquierda Plural, Alberto Garzón, ha afeado al Gobierno que bloquee la creación de una comisión de investigación de lo sucedido en Bankia, una idea que también ha compartido Pedro Azpiazu, del PNV, y Álvaro Anchuelo, de UPyD, quien ha propuesto también que la banca recurra a fondos europeos.