El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy, con los votos a favor de PSOE, IU-ICV, ERC y BNG la convalidación del Real Decreto-Ley que obliga a las eléctricas a devolver el importe de los derechos de emisión de CO2 gratuitos asignados por el Gobierno para el periodo 2008-2012.

A pesar de mostrarse a favor del fondo de la norma, PP, CiU y PNV se abstuvieron al considerar que el asunto no tiene la urgencia necesaria para regularse mediante Real Decreto-Ley.

Tras la convalidación, el Pleno acordó, a propuesta del PP, que la norma se tramite como proyecto de ley, por lo que el texto deberá ser analizado por la Mesa del Congreso, que previsiblemente decidirá que es imposible completar el procedimiento durante el actual periodo de sesiones.

No obstante, el Real Decreto-Ley, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, continuará vigente.

En su intervención el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, se comprometió a aceptar su tramitación como Proyecto de Ley en la próxima legislatura si el PSOE vuelve a ganar las elecciones de marzo de 2008, lo que permitirá introducir enmiendas por los grupos, tal como pedían las compañías eléctricas.

Clos afirmó que la nueva normativa, aprobada por el Consejo de ministros el 7 de diciembre pasado, está "plenamente justificada" y responde a una política "de defensa de los consumidores y contribuyentes".

El ministro recordó que en 2006 el Congreso respaldó una medida igual a la debatida hoy y aseguró que esta normativa "ha demostrado su utilidad", ya que va a permitir reducir el déficit tarifario de ese ejercicio en 1.150 millones de euros.

Según los cálculos de Industria, este año el importe de los derechos gratuitos de emisión de CO2 será de 100 millones y en 2008 ascenderá a 1.450 millones.

El 23 de marzo de 2006 el Congreso convalidó otro Real Decreto-Ley que obligó a las eléctricas a devolver los derechos de emisión de los ejercicios 2006 y 2007 con los votos a favor del PSOE, CiU, IU-ICV y BNG, mientras que el PNV se abstuvo y el PP votó en contra.

El diputado del PP Fernando Castelló explicó que su grupo optaba hoy por la abstención para defender los intereses de los consumidores, aunque aseguró que esta norma puede tener consecuencias negativas para el sistema eléctrico "que conlleven riesgo de apagones" y tildó de "políticamente injustificable" la elección de la figura legal del Real Decreto-Ley para su aprobación.

El portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, consideró la norma una medida "caótica y precipitada" incapaz de lograr los objetivos que persigue, aunque se mostró conforme con "el fondo".

En el mismo sentido, el diputado del PNV José Ramón Beloki se opuso a la convalidación por la "premura" con la que se ha planteado y la ausencia de debate con todos los agentes afectados.

Rosario Velasco, del PSOE, destacó que esta norma es "un asunto de justicia" que "no va en contra de las eléctricas" y consideró justificada su urgencia porque, de no aprobarse, el déficit de tarifa aumentará el próximo año en 1.450 millones de euros.

El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, señaló que su grupo entiende que el decreto es "de sentido común" y recordó que es "la continuidad" de otra norma convalidada por la Cámara en marzo de 2006, mientras que Jordi Ramón, de ERC, lo consideró "acertado" y se mostró de acuerdo con los objetivos que persigue.