El Ejecutivo aragonés ha decidido requerir oficialmente el Gobierno central la inmediata derogación del decreto que permite abastecer de agua del Ebro a Barcelona desde Tarragona, al considerar que se ha superado, con las últimas lluvias, la situación de emergencia por falta de recursos hídricos.

Asimismo ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el articulo 3 del citado decreto ley, por entender que permite la venta de derechos de agua.

En una comparecencia ante la prensa al término del consejo, el vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, informó de que también se requerirá a la Generalitat de Cataluña que reconozca formalmente que se han superado las circunstancias de excepcionalidad y le insta a que se abstenga de realizar "cualesquiera actuaciones amparadas en el citado real decreto al no existir cobertura legal de las mismas".

Si ni el Gobierno de la Nación ni el de la Generalitat atienden estos requerimientos, en un "plazo razonable" de tiempo, que Biel no concretó, el Ejecutivo aragonés tiene decidido acudir a los tribunales ordinarios para pedir que un juez ordene la aplicación de la disposición final tercera del decreto ley.

En esta disposición se establece que el decreto tendrá vigencia hasta la superación de las circunstancias de extraordinaria necesidad que motivaron la aprobación del decreto.

Fuentes de la Presidencia del Gobierno aragonés apuntaron a EFE que el plazo legal para dar respuesta a un requerimiento es de treinta días, aunque ello no quita para que se pueda decidir intervenir antes si se produce una "hipótesis" contraria a los intereses de Aragón, como que comenzaran las obras de la tubería.

Cuando la Generalitat estableció la situación de emergencia, a finales de marzo, el agua embalsada en el sistema Ter-Llobregat rondaba los 122 hectómetros cúbicos y ahora se ha superado la llamada Situación de Emergencia II, con 180 hectómetros cúbicos, el decir, 60 más que cuando se declaró la emergencia, y con previsiones de ascenso, recordaron las fuentes.

Si Aragón finalmente recurre a los tribunales para pedir la derogación del decreto, solicitará además automáticamente al juez la aplicación de medidas cautelares para que se suspenda la ejecución de las obras de la tubería para evitar una "tomadura de pelo", según dijo Biel.

Ante la previsión de que ninguno de los requerimientos sean contestados, los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón ya han comenzado a preparar esta demanda, lo que demuestra su intención de "llegar hasta el final", apuntó el vicepresidente.

El presidente Iglesias ha hablado esta semana tanto con el presidente catalán, José Montilla, como con la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, para explicarles la posición de Aragón en este asunto, según señalaron a Efe las citadas fuentes.

Biel criticó, por otro lado, la "frivolidad" demostrada por la Generalitat en la gestión de los problemas de abastecimiento a Barcelona, que hizo extensible al Gobierno de la Nación por entender que hay una "solución interna" en el seno de Cataluña para resolver las carencias.

En todo caso, se mostró de acuerdo en que la intención de la Generalitat es disponer de la tubería de prolongación del mini-trasvase el Ebro más allá de la actual situación de emergencia puntual y apuntó que las circunstancias meteorológicas le han "chafado" al Gobierno catalán algo "que pretendían hacer a cualquier precio", sin tener en cuenta "para nada" otras alternativas.

Además, en el plazo legal establecido (tres meses desde la publicación del decreto en el BOE) los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 3 del real decreto.