“Sabe usted mi opinión cuál es, yo soy de los que creo que aquí no hay nada. ¿Fue arriesgada esa querella [criminal]?”, le preguntó ayer el periodista Carlos Herrera a Javier Arenas, presidente del PP de Andalucía, durante una entrevista en Onda Cero. “Aquí” es el supuesto caso Matsa, que el PP utilizó como arma política contra Manuel Chaves durante meses hasta que el Tribunal Supremo, la semana pasada, fulminó su campaña. Arenas, pasando olímpicamente del auto de archivo del Alto Tribunal, replicó, en tono enérgico: “En mi opinión hay mucho. (...) Me parece que si se cambia una norma para permitir una subvención a una empresa en la que está la hija del mandamás de ese Gobierno es extraordinariamente grave. (...) Es un abuso”.

El problema con esta respuesta es que el Supremo ya dejó meridianamente claro en el auto en el que desmontó la estrategia del PP contra Chaves que esa afirmación ni siquiera “alcanza la condición de indicio de hecho denunciado”. Tanto la concesión del incentivo a la empresa minera Matsa, que el PP impugnó, como la ratificación por el Consejo de Gobierno andaluz “refieren –prosiguen los magistrados– de forma expresa que la concesión se efectúa de acuerdo a la Orden de 19 de abril de 2007”, precisamente aquella que, según Arenas, se modificó para conceder el incentivo.

Meras conjeturas

Después de que Arenas se explayara, Herrera repreguntó: “Esto [sus argumentos] significaría que por ser hija de un alto cargo de un Gobierno, ya no puedes trabajar en determinadas empresas”. Y Arenas, en su respuesta, volvió a olvidarse del auto que cinco jueces, varios conservadores, firmaron por unanimidad, e insistió en falso en que existió “un cambio de norma”. Luego, repitió una serie de afirmaciones que el Supremo ya despachó como meras “conjeturas derivadas de la condición de presidente” de Chaves.