"En Argentina hubo golpe; en España, guerra"

"Es claro que no nos encontramos ante un delito de genocidio, por mucho que la parte recurrente quiera argumentar lo contrario, sin que la doctrina de la Audiencia Nacional [que juzga estos delitos] pueda ser aplicable al caso dada la diferencia de situaciones entre el Golpe de Estado Argentino y la situación creada por la Guerra Civil Española". Es un extracto del auto de la Audiencia provincial de Córdoba que desestimó en 2006 la demanda de investigación del asesinato en 1936 del diputado socialista de la II República, Luis Dorado Luque.

Ésta, junto a otras decisiones judiciales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional y administrativas del Ayuntamiento de Córdoba, han abocado a su familia a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo es la primera demanda para que éste le ampare contra el Estado español en su intento de que se investigue la muerte del parlamentario y se logre exhumar su fosa, en el cementerio de Córdoba.

La sentencia de 2006, firmada por los magistrados Eduardo Baena, José María Magaña y Pedro Roque, que declara definitivamente prescrito el asesinato del diputado, aduce además que la iniciativa de la familia "reaviva viejas heridas y remueve el rescoldo de la confrontación civil". También afirman los jueces que "a estas alturas del siglo XXI debe ser de plena aplicación la Constitución Española, llamada unánimemente en su XXV aniversario como de la reconciliación".

La familia de Dorado Luque ha tratado los dos últimos años de exhumar el cuerpo del parlamentario de la fosa donde está enterrado, en el cementerio de Córdoba. Contaba para ello con una subvención que le concedió el Gobierno de 19.500 euros, pero se topó con el Ayuntamiento de Córdoba, gobernado entonces por Rosa Aguilar (ex alcaldesa de IU) en coalición con el PSOE, formación a la que pertenecía el diputado.

Para el desarrollo de las tareas de prospección y exhumación, la familia tuvo que pedir una autorización municipal, por tratarse de un terreno público. El Ayuntamiento se negó alegando, tras solicitar un informe, que había otros 39 cadáveres en la fosa y que sus familiares eran "difíciles" de localizar.