La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó el viernes la ley sobre inmigración más dura de Estados Unidos, que fue calificada por el presidente Barack Obama como un esfuerzo "equivocado" que destaca la necesidad de una reforma nacional.

La policía del estado fronterizo con México podrá a partir de ahora comprobar si un extranjero está de forma ilegal en el país si existen "sospechas razonables", lo que según críticos de la ley abre la puerta para diferenciar a las personas por sus perfiles raciales.

La inmigración es un tema que ha estado sujeto a amargos debates en Estados Unidos, donde unos 10,8 inmigrantes ilegales viven y trabajan en la sombra.

Sin embargo, hasta hace poco, el tema estuvo eclipsado a nivel nacional por otras cuestiones como las reformas al sistema de salud y al sector financiero, lo que ha enfadado a los simpatizantes latinos de Obama.

Varios miles de personas se reunieron en las afueras del capitolio del estado en Phoenix de cara al anuncio de la gobernadora, la mayoría de ellos opositores con carteles con las leyendas "Somos Humanos" y "Ya basta".

Se espera que la ley -aprobada esta semana por el Senado, controlado por republicanos, y promulgada por Brewer, una republicana también- genere un desafío legal y ya se ha convertido en un tema polémico en la carrera por las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos.

"Si permanecemos sin actuar a un nivel federal, seguiremos viendo esfuerzos equivocados en todo el país", dijo Obama previamente el viernes en una ceremonia de juramentación de nuevos ciudadanos estadounidenses.

Brewer indicó que la nueva ley fortalecía a Arizona y mantendría al estado a salvo de los cárteles del narcotráfico y de otras amenazas.

"Nos protege a todos, a cada ciudadano de Arizona y a todos los que estamos en nuestro estado legalmente, y lo hace mientras asegura que los derechos constitucionales de todos en Arizona permanezcan sólidos", aseveró.

La promulgación de la ley tampoco fue bien vista en México, que a través de su ministro de Exteriores manifestó que la "criminalización no es el camino para resolver el fenómeno de la migración indocumentada".

"(La ley) afecta la relación entre Arizona y México y obliga al Gobierno mexicano a plantearse la viabilidad y la utilidad de los esquemas de cooperación que se han desarrollado con Arizona", dijo la ministra Patricia Espinosa la tarde del viernes en una rueda de prensa.

Brewer dijo que Arizona actuó porque Washington no lo hizo y sostuvo que la policía sería entrenada en el concepto de lo que implica una "sospecha razonable" de que una persona pueda ser un inmigrante ilegal.

"Yo no se cómo se ve un inmigrante ilegal", dijo la gobernadora en respuesta a una pregunta.

DURA REACCIÓN

Si bien medidas impulsadas por los republicanos como esta irritan a quienes apoyan una reforma al sistema migratorio, el Partido Demócrata teme un revés de los latinos en los comicios legislativos de noviembre debido a la falta de acción del Gobierno de Obama sobre este tema desde que asumió el cargo.

La ley promulgada en Arizona es la medida más dura de un creciente número de iniciativas aprobadas en diferentes estados de Estados Unidos.

La ley insta a los oficiales de policía estatales y locales a arrestar a quienes no puedan demostrar con documentos que están en el país de manera legal. También convierte en delito transportar a un inmigrante ilegal y contratar a trabajadores por día en las calles.

La promulgación de la ley, que entrará en vigora 90 días después de que se levante la actual sesión legislativa, provocó fuertes e inmediatas reacciones.

"Es un gran día para la gente de Arizona porque una vez que sea implementada estaremos todos más seguros", dijo a Reuters el representante del estado John Kavanagh, un republicano que respaldó la iniciativa.

"El mensaje que envía al país es que cuando el Gobierno federal nos decepciona sabemos qué hacer y el mensaje que envía a los extranjeros ilegales es que no vengan a Arizona", sostuvo.

Janet Murguia, presidenta del grupo de derechos civiles Consejo Nacional de La Raza y opositora a la medida, expresó su profunda decepción "porque la gobernadora Brewer escogió la política por sobre una sólida postura" a promulgar la ley.

"La aprobación (de la ley) legimitizará la diferenciación por perfil racial en Arizona y va en contra de nuestras leyes y valores como país", añadió.