El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado hoy por unanimidad la reforma del Estatuto de Autonomía que ha sido acordada por los dos grupos parlamentarios, socialistas y populares, que han destacado en el debate el consenso alcanzado y la "lealtad" del texto hacia la Constitución Española.

El dictamen que ha visto hoy la luz incluye las 94 enmiendas, la mayoría técnicas, aprobadas ya en comisión parlamentaria y que también habían sido presentadas conjuntamente por las dos fuerzas políticas.

La Asamblea, además, ha aprobado por unanimidad la delegación que defenderá el texto en el Congreso de los Diputados, formada por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el líder del PP, José Antonio Monago; y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ignacio Sánchez Amor.

El texto consta de Preámbulo, 91 artículos repartidos entre el Título Preliminar y otros siete, y cinco disposiciones adicionales.

La norma señala que Extremadura "se constituye en comunidad autónoma, dentro de la unidad española, de acuerdo con la Constitución".

A partir de ahí, recoge la creación del Personero de lo Común -Defensor del Pueblo-, la defensa de los recursos hídricos, los plazos para el abono de la deuda histórica -a cuantificar en un año desde la creación de una comisión mixta y a abonar en tres- o el pago de inversiones complementarias equivalentes al uno por ciento del PIB extremeño para "acelerar" la convergencia con la media.

Es la cuarta reforma del texto de 1983, después de las realizadas en 1991, 1994 y 1999, pero la primera de "gran calado" y la única alcanzada por consenso, según el ponente popular Manuel Barroso, que abrió el debate.

El acuerdo alcanzado también ha sido destacado por Monago y Fernández Vara, que han subrayado que ambas formaciones han hecho renuncias y que el texto servirá para que pueda gobernar cualquier partido.

El presidente extremeño se ha quejado de que este proceso no ha sido noticia porque "vende el desacuerdo", por eso se habló más cuando surgió el "escollo" de los recursos hídricos.

Sánchez Amor, que ha reconocido que este asunto no era una prioridad en la calle, ha precisado que es una reforma del Estatuto de 1983, no una "refundación" de la Comunidad Autónoma.

Ha subrayado que "no juega a ser una pequeña constitución", "no es un pacto entre Extremadura y España", "ni un desafío a España".

En la misma línea, Barroso ha considerado que es una reforma "reivindicativa y no rupturista" y, según Monago, "lleva en sus venas la Constitución", por lo que ha expresado su deseo de que no "objete" lo que "no se ha hecho en otros casos".

"De las Cortes esperamos la misma lealtad de este Estatuto", según Sánchez Amor, ya que éste "es la mejor prueba de que se puede construir Extremadura sin deconstruir España".

En un "clima enrarecido" por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, ha advertido de que detrás hay un "falso conflicto de legitimidades", no entre un pueblo y un grupo de sabios, sino "entre una norma jurídica y otra superior".

A su juicio, además, "es un Estatuto de la Extremadura sin complejos", lo que refleja en un Preámbulo en el que la región se muestra orgullosa de lo que es sin acudir como otros a la historia y porque la legitimidad de su autogobierno viene del deseo de sus ciudadanos.

Unos de los principales retos que introduce es el municipalismo, ya que "no es incompatible consolidar lo autonómico con lo rural", según el presidente extremeño, que ha defendido la cooperación "vertical y horizontal".

Barroso ha enumerado que la reforma da una imagen más moderna de la región, a la que presenta abierta a Portugal, Europa y el mundo; expresa el interés por superar la despoblación, uno de los graves problemas extremeños; vela por homogeneizar las competencias respecto al conjunto de las CCAA; y precisa la relaciones con el Estado y otras autonomías.

Éste es el séptimo Estatuto que se ha reformado en los últimos tiempos y, al contrario que los de otras regiones, no cae en "falsas competencias exclusivas", según Sánchez Amor.