La Audiencia Provincial acogerá desde mañana y hasta el viernes el juicio contra el empresario Santiago Penichet y contra el ex presidente de la Comunidad de Regantes "Sol y Arena", Pedro Mena, quienes enfrentan una petición fiscal de 11 años de cárcel por delitos de estafa y contra la Hacienda Pública.

El magistrado de la sección segunda Juan Ruiz Rico presidirá la sala en la que se enjuiciarán los hechos, que albergará una sesión inicial que se dedicará en exclusiva a la toma de declaración de los acusados, han informado a Efe fuentes judiciales.

En las cuatro sesiones restantes, además de la prueba documental y el trámite de informes, se practicarán las 26 pruebas testificales y ocho periciales interesadas por las partes personadas en la causa, abierta tras la denuncia interpuesta en 1998 por Juan Romero, presidente de la plataforma por la Democratización de Sol y Arena.

Los dos acusados parten en este proceso con una petición fiscal previa para cada uno de ellos de ocho años de cárcel por un delito continuado de estafa, a los que se suman otros tres por un delito contra la Hacienda Pública.

Además de la privación de libertad, los dos delitos llevan a aparejadas otras tantas multas, la primera de las cuales impone a los acusados el pago de doce euros diarios durante veinte meses, mientras que la segunda la fija el fiscal en seis millones de euros.

Los hechos que se enjuiciarán a partir de mañana, que se tradujeron en un perjuicio a Sol y Arena de 5,1 millones de euros, según la acusación pública, que ha estimado en los 3,4 millones la cantidad defraudada a la Junta, se iniciaron en 1993, cuando se proyectaron las obras de acondicionamiento del canal sector IV y del embalse regulador del Campo de Dalías.

Mena y Penichet, administrador de la empresa Tecniriegos, urdieron entonces un plan para lucrarse de la comunidad de regantes y de la administración andaluza, por el que el entonces presidente de Sol y Arena encargó el proyecto de las citadas obras al segundo acusado quien, de acuerdo con el anterior, confeccionó un presupuesto de ejecución por valor de 18 millones de euros, una cifra muy superior al coste real de las obras, según el fiscal.

El Instituto Andaluz de Reforma Agraria dictó en junio del mismo año una resolución por la que aprobó el proyecto, que el organismo subvencionó en un 40 por ciento (7,3 millones de euros), trámites tras los que Mena adjudicó las obras a la empresa administrada por Penichet con quien, sin concurso alguno, firmó el contrato de ejecución.

El mismo tipo de plan urdieron los acusados para la segunda fase de las obras, adjudicada por valor de 11,8 millones de euros, el cuarenta por ciento de ellos aportados por la Junta.