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La Audiencia Nacional imputa al exdirector de RTVV por la visita del papa a Valencia

EFE

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al exdirector general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno en relación con la adjudicación de contratos del ente a empresas de la trama Gürtel durante la visita del papa a Valencia en julio de 2006.

Así lo ha acordado el magistrado en un auto notificado hoy en el que, además, imputa por estos hechos a otras seis personas, entre ellas al considerado cabecilla de la red, Francisco Correa; a su presunto número dos, Pablo Crespo; y al gestor de Orange Market Álvaro Pérez, "el Bigotes"; a los que interrogará el próximo 7 de mayo junto al también imputado Óscar Fragio Díaz.

Un día después ha citado al exdirector general de RTVV y a los también imputados Vicente Torró Casanova y Ana María Martínez Penades, así como a Miguel Torroja Fungairiño, que debe comparecer en calidad de testigo.

Ruz ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y mientras espera a que el Tribunal Supremo "dirima definitivamente" qué órgano judicial es competente para investigar los supuestos delitos de cohecho y prevaricación atribuidos a García Gimeno durante el V Encuentro Mundial de las Familias, celebrado entre el 7 y el 9 de julio de 2006.

Anticorrupción sostiene que los hechos consistirían básicamente en la "percepción reiterada de dádivas -en forma de prendas de vestir, vehículos y entrega de fondos en metálico- por parte de Pedro García procedentes del entorno de Francisco Correa" y vinculadas con la contratación irregular de RTVV con empresas de la trama Gürtel.

Los hechos se extienden al reparto de beneficios obtenidos de la adjudicación de la Radiotelevisión Valenciana a la constructora Teconsa de los trabajos para el suministro e instalación del equipamiento de sonorización durante la visita del papa.

Según el juez, a través de la subcontratación de servicios con Impacto Producciones, Apogee Telecomunicaciones y Sirius Show Equipment, así como de los gastos contabilizados para la ejecución del contrato y las facturas emitidas por Wild Electronics, Castaño Corporate y Free Consulting -un total de 1.242.690 euros-, Teconsa podría haber dejado de ingresar diversas cantidades a Hacienda.

Las cantidades presuntamente defraudadas al usar como pantalla esas empresas serían la cuota de IVA soportado de 198.830 euros y el Impuesto de Sociedades de 2006 por la deducción improcedente de las facturas emitidas por las anteriores mercantiles al no responder a la prestación de servicios reales, cifrado en 434.941 euros.

Por ello, el magistrado hace diversos requerimientos a las distintas empresas con las que Teconsa subcontrató los servicios y a las entidades financieras a través de las cuales se efectúan transferencias y pagos de esas facturas y donde las mercantiles disponen de cuentas.

Los hechos que se les imputan a los citados podrían ser constitutivos de un delito continuado de cohecho, un delito continuado de prevaricación, un delito de malversación de caudales públicos, un delito de blanqueo y varios delitos contra la Hacienda Pública.

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