La Audiencia Nacional se ha opuesto al indulto solicitado por el exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros, condenados a una pena de un año y medio de prisión y cuatro de inhabilitación por dar el chivatazo a ETA que se produjo en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa).

En dos informes remitidos al Ministerio de Justicia, el tribunal sentenciador de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal se opone al indulto total o parcial solicitado y asegura que 'no encuentra motivos de equidad o utilidad social' para la concesión de la medida de gracia.

En relación al criterio de justicia, el tercero de los valorados en los indultos, los magistrados citan la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 22 de septiembre que declaró nula 'la interceptación de conversaciones orales mediante micrófonos', en interpretación del alcance constitucional del artículo 579.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los magistrados Guillermo Ruiz Polanco, Antonio Díaz Delgado y Clara Bayarri recuerdan que una de las pruebas que tuvo en cuenta la sentencia condenatoria fue una conversación verbal grabada, mantenida entre el dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, y su yerno Carmelo Luquin, que fue escuchada en el juicio. Esta circunstancia, dicen los jueces, 'presumiblemente' habrá sido puesta de manifiesto por los condenados en su recurso ante el alto el tribunal por lo que tendrá que ser éste quien decida respecto a la presunción de inocencia.

En la conversación, captada con una baliza instalada en el coche de Elosúa el 4 de mayo de 2006, el dueño del Faisán y su yerno se refieren a que quien les había dado el soplo era un 'txakurra'. 'Se me hace difícil... que te llame un.... que te diga un 'txakurra'... para que le advierta a éste ... ¡que le van a ligar!', decía el propietario del establecimiento. Elosúa explicaba que la persona que le advirtió le dijo: 'ya te habrá dicho mi compañero'. 'Compañero. Son maricones o son maderos', le responde Luquin.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, por su parte, se pronunció en el mismo sentido en dos informes elaborados el pasado 21 de octubre. El Ministerio Público consideró entonces que la condena impuesta a ambos agentes no resulta 'desproporcionada' ya que la acción delictiva de la que fueron considerados culpables 'representa una quiebra de los deberes de reversa y fidelidad impuestas por la ley por su condición de funcionarios públicos'.

El Ministerio Público destacaba también el 'grave menoscabo' que el chivatazo a la red de extorsión de ETA, que se produjo en el bar 'Faisán' de Irún el 4 de mayo de 2006, generó y el 'perjuicio' provocado por su acción a la operación contra este entramado. Su condena, confirmada por el Tribunal Supremo, a un año y medio de cárcel y a cuatro de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, se encuentra suspendida a la espera de la resolución de su solicitud de indulto.

Los escritos del fiscal jefe ponían, además, de manifiesto que ni Pamiés ni Ballesteros han llevado a cabo iniciativas o actitudes posteriores a su condena que puedan justificar un apoyo a su indulto. Así, destacaba que los dos policías no han facilitado a los tribunales 'los elementos de prueba necesarios para la persecución de otros presuntos responsables' de los delitos por los que fueron condenados.

En su petición de indulto, el comisario Enrique Pamies recordó que ha 'consagrado' toda su vida a 'erradicar' el terrorismo, habiendo participado en la desarticulación de más de medio centenar de comandos etarras, grupos de kale borroka y marcas sucesoras de Batasuna. De hecho, tuvo un papel preponderante en la desencriptación de los 'papeles de Susper', que llevaron a la detención de más de 150 personas en diferentes operaciones.

Tanto él como Ballesteros pusieron de relieve que han dedicado toda su vida a la lucha antiterrorista y han sacrificado su vida familiar y personal al bien común y a la desaparición del terrorismo.

Fuentes jurídicas han precisado que los informes se remitirán al Ministerio de Justicia, que debe pronunciarse al respecto. Los compañeros de Pamies y Ballesteros, ya jubilado, entregaron en septiembre medio millar de firmas del Ministerio de Justicia de ciudadanos que apoyaban el indulto de los agentes entre los que se encontraban víctimas del terrorismo, policías, empresarios vascos, abogados y profesores universitarios.