La Audiencia Nacional reabre la causa contra Repsol y Caixabank y ordena al juez de 'Tándem' que siga investigando

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado los recursos presentados por la Fiscalía, Podemos y el empresario Luis del Rivero, para que se continúe con la instrucción de la pieza separada número 21 de 'Tándem'.

En un auto de este lunes, al que ha tenido acceso Público, los magistrados de la Sección Tercera ordenan al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que siga investigando hasta "agotar" la instrucción de esta pieza del caso Villarejo. También revocan el sobreseimiento acordado respecto del exsecretario general y del consejo de administración de Repsol, Luis Suárez de Lezo, el que fuera director corporativo de Gestión Patrimonial de Repsol Joaquín Uris, el exdirectivo de Repsol Juan de Amunátegui y el exdirector general de medios de Caixabank, Antonio Massanell.

En esta línea, la Sala explica que adopta esta decisión a pesar de que en "todos estos casos los elementos incriminatorios son considerablemente más débiles que los que atañen al grupo de investigados" entre los que incluye a los que fueran responsables de seguridad de sendas empresas.

"La falta de diligencias por practicar, que se consideran necesarias para agotar la investigación de los hechos presuntamente delictivos y la participación de las personas que pudieran resultar responsables, es incompatible con la decisión de continuar por la vía del procedimiento abreviado, puesto que concluye la fase de instrucción y el cierre impide la práctica de las diligencias", señala el auto. Esa decisión de optar por la vía de procedimiento abreviado fue por la que optó el magistrado en un auto del pasado 20 de septiembre y la Audiencia Nacional ahora señala que con ello se pasaría a fase procesal y se concluiría la instrucción, lo que "impide la práctica de las diligencias" que la Sala considera necesarias.

No obstante, la Sala descarta "entrar en la determinación de la pertinencia y necesidad de cada una de las diligencias a las que" las partes "aluden en sus escritos de impugnación" y deja que el magistrado, "con libertad de criterio, tome las decisiones oportunas" y fije las diligencias "que estime necesarias".

Esta decisión por parte de la Sección Tercera llega tan solo un mes después de que la propia Sala corrigiese al juez instructor y volviera a imputar a Repsol y CaixaBank, así como al presidente de la primera, Antonio Brufau, y el ex presidente de la segunda, Isidro Fainé, por la supuesta contratación por parte de ambas empresas de Villarejo.

Entonces, la Sala sostenía que la investigación practicada hasta la fecha revelaba la existencia de indicios de conductas delictivas calificables como cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. En concreto, el encargo elaborado por CENYT, el grupo empresarial de Villarejo, se habría llevado a cabo "a cambio de un precio que fue abonado por las empresas comitentes" y "que incluyeron el acceso a datos sobre el tráfico de llamadas telefónicas y otras comunicaciones".

Ahora, además, la Sala también se refiere al sobreseimiento solicitado por el que fuera director de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Araujo, el ex jefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño y el ex subdirector de Seguridad Corporativa de Repsol, Rafael Girona. Y lo hace asegurando que el archivo "requiere una instrucción acabada que haya esclarecido completamente los elementos inicialmente incriminatorios y permita descartar su existencia o su suficiencia para sustentar una acusación mínimamente fundada".

En este contexto, el auto recuerda que todo apunta a que "tomaron parte directa en la contratación de CENYT, o se unieron a ella en la fase inicial de realización del encargo de gestiones, y recibieron y transmitieron los resultados de estas, habiéndose obtenido en las entradas y registros documentación que permite concluir que pudieron implicar el acceso a determinados ficheros con datos reservados".

"Lo que indica la posible actuación de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, y revela, a su vez, un posible conocimiento de tal circunstancia -no solo de la participación en CENYT de funcionarios, sino de su actuación como tales para obtener los datos reservados- por parte de los recurrentes", añade.

Esta pieza separada 21 del caso 'Tándem' o caso Villarejo y relacionada con el denominado proyecto 'Wine' es otra complicada pieza de la que Público ya hizo un profundo análisis que concluyó en otra alternativa para explicar el motivo de la contratación: un plan en beneficio de todas las partes para salvar a Sacyr de la quiebra cuando no pudiera atender el repago de un préstamo.