La sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha ordenado hoy el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del ex teniente de Alcalde de Palma Javier Rodrigo De Santos (PP), tras su condena a 13 años y seis meses de cárcel por varios delitos de abusos sexuales a menores.

La decisión judicial se adopta porque la Audiencia entiende que hay riesgo de fuga del ex concejal de Urbanismo en la pasada legislatura, debido a la gravedad de las penas y a que su comportamiento, como adicto a las drogas puede ser imprevisible.

El Tribunal apunta además que hay documentos que hacen dudar de cuál es su domicilio real y "cuál es realmente el grado de compromiso y de seguimiento" de su tratamiento contra las drogas que el condenado afirma estar siguiendo en Madrid.

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma, que ha sido recurrida por la defensa, condenó a De Santos por abusos sexuales y un delito contra la salud pública y se suma a la que lo condenó a otros 2 años de prisión y cuatro de inhabilitación por malversación de fondos públicos en clubes de alterne.

Rodrigo de Santos ha acudido esta mañana a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, pasadas las 12.00 horas, acompañado de su abogado, José Ignacio Herrero, y de su hermano, quien le ha estado respaldando durante los dos juicios celebrados contra el ex concejal.

El que fuera teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Palma ha declarado al entrar en las dependencias de la Audiencia que se encontraba con ánimo y con esperanza, "porque la esperanza nunca se pierde", de que tras la vista convocada para las 12.30 horas se mantuviera su condición de libertad, decretada en marzo pasado.

Sin embargo, el Tribunal ha determinado necesario su ingreso inmediato en prisión tras una vista de unos 20 minutos en la que el condenado ha reiterado que nunca ha tenido ni tiene ánimo de fuga sino de "dar cumplimiento a las resoluciones judiciales que le correspondan" y ha solicitado su libertad para poder seguir con su tratamiento contra su adicción a las drogas.

Para incidir en ello, el abogado de De Santos ha presentado hoy mismo al Tribunal copias del contrato de alquiler del piso donde el ex concejal afirma vivir con su familia en Madrid, documentos de la clínica donde recibe tratamiento y los sellos de las presentaciones diarias del condenado en la comisaría desde que obtuvo la libertad.

No obstante, el Tribunal ha considerado que sí existe la opción de que el ex edil pueda pensar en fugarse y aunque reconoce que éste se ha personado a diario ante la Policía, entiende que eso lo ha hecho como imputado, no como condenado "siendo ahora mucho más elevado, patente y real el peligro de fuga".

Tampoco ha sido aceptado por el Tribunal el argumento de la defensa de que el ex concejal tiene un profundo arraigo social y familiar que eliminaría el riesgo de fuga, y resalta que si bien hay firmado un contrato de alquiler que indica que vive en Madrid con su familia, las presentaciones ante la Policía las ha hecho en Burgos, donde reside la familia paterna del ex edil.

"Lo cual hace dudar al Tribunal de cuál es su verdadero domicilio (...) puesto que si acude a Aranda de Duero todos los días no parece que pueda al mismo tiempo ser tratado seriamente de su adicción a las drogas", subraya el auto judicial.

Asimismo, esa misma adicción a las drogas ha sido un factor en contra de la libertad de De Santos, dado que el Tribunal entiende que el comportamiento de las personas adictas "es proclive a conductas y decisiones imprevisibles y desconcertantes".

El abogado del ex concejal, José Ignacio Herrero, ya ha anunciado que también presentará recurso contra la decisión judicial de enviar a prisión provisional a su defendido, si bien ha eludido concretar cuándo lo hará.