La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se cancele el aval de 4,5 millones de euros que presentaron en los juzgados Alberto Cortina y Alberto Alcocer como garantía por sus responsabilidades civiles e indemnizaciones a los accionistas minoritarios de Urbanor.

En una providencia fechada el pasado 12 de mayo, la Audiencia Provincial ejecuta así la anulación decidida por el Tribunal Constitucional de la condena que impuso el Supremo a los dos financieros por el caso Urbanor, según fuentes próximas a la Audiencia.

El tribunal ordena también una relación de los importes que cobraron los socios de Cortina y Alcocer en el caso Urbanor y cuya devolución reclaman los dos primos conocidos como "Los Albertos".

Además, la Audiencia Provincial ha solicitado al Registro Central de Penados y Rebeldes que cancele los antecedentes penales de Cortina y Alcocer a raíz de la sentencia del Supremo anulada el pasado 20 de febrero por el Constitucional.

Según fuentes jurídicas, los dos empresarios también han reclamado la devolución del aval de 4.080 millones de pesetas (unos 24 millones de euros) que presentaron en 1998 como garantía del pago de las responsabilidades que se pudieran derivar de una sentencia condenatoria que el Supremo acordó en marzo de 2003.

Los dos primos han pedido, en definitiva, que se suspendan de forma inmediata cuantas actuaciones y trámites pudieran estar pendientes, tanto en la pieza de situación personal como en las de responsabilidad civil por el caso Urbanor.

Los 24,6 millones que les adeudan a los minoritarios se dividen en 12,26 millones pagados por cada uno de los empresarios por las responsabilidades civiles; 6.000 euros abonados por cada uno en concepto de multa, y otros 42.776,88 euros pagados respectivamente en concepto de consignación de complemento de indemnización.

Los abogados de Cortina y Alcocer presentaron la solicitud en la Audiencia Provincial de Madrid por ser donde se celebró el primer juicio.

La sala Segunda del Tribunal Constitucional declaró nula el pasado 20 de febrero la sentencia del Supremo que condenaba a tres años y cuatro meses de prisión a Cortina y Alcocer por estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de la sociedad Urbanor.

La familia San Martín intentó que el Constitucional hiciera aclaraciones "en cuanto a la extensión de los efectos" de su sentencia y que especificara que la anulación de la sentencia del Supremo no implicaba "de manera necesaria la anulación de los pronunciamientos sobre responsabilidad civil contenidos en la sentencia anulada".