La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado en un auto el sobreseimiento y archivo del caso de las presuntas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés y ordena además que se suprima toda referencia a la posible mala práctica de los médicos denunciados.

Según ha informado un portavoz de los médicos afectados en su día por la denuncia de la Consejería de Sanidad de Madrid, el auto de la Audiencia Provincial que ratifica el archivo decidido en junio pasado por el Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés tiene fecha de 21 de enero y ha sido comunicado hoy a las partes.

Ahora, el doctor Luis Montes y otros médicos denunciados, así como la Asociación para la Defensa del Hospital Severo Ochoa, "estudian formular querellas personales por denuncia falsa contra los que, engañando a jueces y fiscales, denunciaron 400 asesinatos por eutanasia activa en el Hospital Severo Ochoa", ha indicado la misma fuente.

Además, el colectivo de sanitarios del Severo Ochoa preguntará a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, "cómo, cuándo y por parte de quién se va a reparar el enorme daño producido a los denunciados y al Hospital Severo Ochoa".

Los médicos que fueron acusados, entre ellos Luis Montes, han convocado una rueda de prensa a las 13 horas de hoy en el Colegio de Médicos de Madrid para ofrecer su opinión sobre este auto de la Audiencia Provincial.

Después, según han informado fuentes sindicales, trabajadores del Hospital de Leganés van a brindar con "una copa de champán" a las puertas de Severo Ochoa "para celebrar la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid".

El 22 de junio de 2007, el Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés dictó auto de sobreseimiento del caso de las presuntas sedaciones irregulares en el hospital Severo Ochoa, en una resolución que consideraba que se produjo mala praxis médica pero que no se podía acreditar la conexión entre ésta y las muertes, lo que es imprescindible en materia penal para apreciar la existencia de delito.

Según el auto, "una vez escuchados (los médicos) sobre su manera de obrar, la instrucción parece agotada y no debe ir más allá, ya que, por más que pudiéramos profundizar y proseguir, no se llegaría en ningún caso a encontrar elementos bastantes para, por dolo eventual o por culpa, responsabilizar criminalmente a los imputados por las muertes de sus pacientes tras las sedaciones".

El Tribunal recordaba que la responsabilidad que se les pedía, por vía penal, "no deja de ser la última a la que acudir, pues es la que sanciona las conductas más graves y que, por ello, exige de una certeza más allá de las presunciones".