La Audiencia Nacional ha rechazado hoy el recurso del PSOE que pedía la suspensión cautelar del decreto de regularización de activos ocultos y ha avalado que el proceso siga adelante, alegando que un partido político no tiene legitimidad para impugnar actuaciones contrarias a sus planteamientos. En un auto hecho público este viernes la Audiencia Nacional rechaza las medidas cautelares solicitadas por el PSOE contra esta orden ministerial (también conocida como la de amnistía fiscal) por lo que los ciudadanos que así lo deseen pueden seguir acudiendo al proceso de regularización abierto hasta el 30 de noviembre.

En concreto, la Sala de lo Contencioso inadmite el recurso del PSOE y recuerda que la jurisdicción contencioso-administrativa no es la vía adecuada para que los partidos políticos impugnen actuaciones contrarias a las de sus planteamientos.'Otorgarles esa legitimidad -según la Sala - sería tanto como reconocer a dichos partidos una acción pública en defensa de la legalidad, contraviniendo la Ley de la Jurisdicción y convirtiéndola a la postre en un foro de discusión política'.

En su auto, los jueces concluyen que para acudir a la vía contencioso administrativa es necesario ser titular de un derecho o interés legítimo que esté en relación directa con la pretensión material que sea objeto del proceso. En el caso analizado el PSOE argumentaba su legitimación para impugnar esencialmente en su posicionamiento político y jurídico contrario a la amnistía fiscal, en la interposición por 105 diputados socialistas de recurso de inconstitucionalidad contra la expresada norma y en el perjuicio que sufriría frente a su electorado si fracasan las medidas para impedir la citada amnistía.

La Sala argumenta que el ordenamiento jurídico pone a disposición de los partidos políticos diferentes cauces para defender sus posiciones ideológicas frente a la actuación, legal o ilegal, de los poderes públicos, no siendo la jurisdicción contenciosa la vía adecuada. Los magistrados señalan dos vías a seguir: la vía legislativa, a través de la sede parlamentaria o la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, como también concurre en el presente caso. De lo contrario, según el tribunal, se convertiría la jurisdicción contencioso-administrativa en un foro de discusión política.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han señalado a la 'irresponsabilidad' del PSOE al tratar de frenar una acción del Gobierno, avalada por el Consejo de Estado. Han criticado además que 'quien ha promovido una verdadera amnistía fiscal en los años 90, se haya atrevido a paralizar el actual proceso extraordinario de regularización, a sabiendas de que tampoco estaba legitimado para ello'.

El portavoz socialista de Economía en el Congreso, Valeriano Gómez, ha anunciado que el PSOE recurrirá la decisión de la Audiencia Nacional. Gómez ha subrayado que todavía está pendiente otra denuncia del PSOE ante el Tribunal Constitucional por considerar que esta norma de regularización de activos ocultos, también conocida como la de amnistía fiscal, es inconstitucional.

La norma permite la regularización de activos ocultos abonando, por regla general, un 10% del valor de las obligaciones tributarias pendientes, un proceso con el que el Gobierno pretende recaudar 2.500 millones de euros.