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La Audiencia tardó 2,5 años en resolver y la Junta 5 meses en sustituir la baja

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La tramitación judicial del caso por abusos contra S.V.G., el hombre detenido por su presunta implicación en la muerte de Mari Luz Cortés, revela varios retrasos pues la Audiencia de Sevilla tardó dos años y medio en resolver la apelación y la Junta cinco meses en sustituir la baja de una funcionaria.

El juez de lo penal 1 de Sevilla, Rafael Tirado Márquez, que mantuvo en libertad a S.V.G., ha dicho a Efe que siempre que la causa estuvo bajo su control se tramitó con celeridad, aunque lamentó que la funcionaria encargada de tramitar el ingreso en prisión estuvo cinco meses de baja sin ser sustituida por la Junta de Andalucía.

El juez, que hoy ha explicado la tramitación de causa a un inspector del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha manifestado a Efe que desde que en marzo de 2006 firmó la orden de ingreso en prisión de S.V.G. para cumplir dos años de cárcel hasta el pasado 19 de marzo de 2008 nadie le informó de la tramitación, asunto que es competencia de los funcionarios.

Tirado Márquez ha explicado que la baja de la funcionaria encargada de ejecutar las sentencias acarreó un atraso en las 600 sentencias que se encuentran en fase de ejecución en su juzgado, de las que 85 tienen alguna orden de búsqueda o averiguación de paradero.

El Juzgado Penal 1 de Sevilla, del que es titular Tirado Márquez, se encuentra con una sobrecarga de trabajo pues tiene un ingreso anual de 517 nuevas causas, frente al módulo de 450 fijado por el CGPJ.

Fuentes judiciales han señalado a Efe que, después de que S.V.G. fuera condenado en noviembre de 2002 a dos años de cárcel por abusar de su hija de 5 años, la Sección Séptima de la Audiencia recibió en abril de 2003 las apelaciones pero no emitió su sentencia definitiva hasta el 30 de diciembre de 2005.

El presunto retraso, según los datos entregados por Tirado Márquez al CGPJ, abarcan también a la Fiscalía sevillana, que el 9 de octubre de 2007 recibió la notificación en la que el juzgado le informaba del paradero desconocido del acusado y hasta el pasado 19 de marzo de 2008 no respondió pidiendo que se dictase una orden de detención.

Numerosos jueces sevillanos han salido hoy en defensa de su compañero y el decano, Federico Jiménez Ballester, ha dicho a los periodistas que en este caso "es cierto que hubo un retraso, sólo imputable a la sobrecarga de trabajo" en los juzgados penales, unos de los más colapsados.

Además, los delitos posteriores que se pueden imputar al detenido por la muerte de Mari Luz "no se pueden achacar a ese retraso, porque si se hubiera actuado con la celeridad requerida, ya estaría en libertad", ha añadido.