El Gobierno de facto de Honduras estaba el martes bajo fuego cruzado, mientras la comunidad internacional y algunas fuerzas que apoyaron el golpe de Estado exigían dar marcha atrás a la suspensión de las libertades civiles y pedían diálogo.

que habían respaldado el derrocamiento de Zelaya a finales de junio - pidieron al presidente de facto, Roberto Micheletti, que afloje la restricción de libertades.

algo que sirvió a las autoridades para abortar las marchas de protestas contra las autoridades - y también la libertad de prensa, lo que les permitió allanar y cerrar a dos medios favorables a Zelaya.

Las fuerzas de seguridad mantenían rodeada por octavo día la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde Zelaya se refugió el lunes de la semana pasada tras entrar en secreto en el país para reclamar el poder.

"Quieren sostenerse en el poder a sangre y fuego", dijo Zelaya a la cadena CNN en español. Y agregó que sigue latente la posibilidad de que fuerzas de seguridad irrumpan en la embajada y le asesinen.

Zelaya y Micheletti coquetearon la semana pasada con el diálogo, pero la situación se estrelló contra el obstáculo insuperable de restituir al presidente derrocado, algo que reclama toda la comunidad internacional desde hace tres meses.

Micheletti no quiere restituir a Zelaya, sino arrestarlo por supuestamente violar la Constitución ante sus presuntos intentos de conseguir la reelección presidencial.

El sábado, el Gobierno de facto dio un ultimátum de 10 días a Brasil para que entregue a Zelaya o le dé asilo y lo saque de Honduras, agudizando la peor crisis política en América Central en décadas.

Uno de los hombres de confianza de Micheletti, el general Romeo Vázquez, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y quien derrocó a Zelaya a punta de rifle expulsándolo a Costa Rica, dijo el martes que hay que tener una postura más abierta y flexible.

"Todo el mundo quiere el diálogo, pero el problema es el objetivo, ahí es donde nos trabamos", dijo Vázquez a Reuters.

La suspensión por decreto de las garantías constitucionales diluyó una marcha de partidarios de Zelaya prevista para el martes, a la que sólo asistieron unas 100 personas que fueron seguidas de cerca por policías antimotines.

El Gobierno de facto reprimió violentamente la semana pasada varias manifestaciones a favor de Zelaya, con un saldo de al menos dos muertos.

RESPETO A LA EMBAJADA

El embajador estadounidense en Honduras, Hugo Llorens, dijo que el Gobierno de Barack Obama sigue apostando por el acuerdo de San José, una propuesta del presidente costarricense, Oscar Arias, que tiene como punto principal la restitución de Zelaya.

Brasil ha rechazado el ultimátum de 10 días y ha alertado sobre el riesgo de un allanamiento de la embajada, después de que el Gobierno de facto amenazara con quitarle su estatus si Zelaya no la abandona.

Sin embargo, el canciller brasileño, Celso Amorim, pidió a Zelaya que reduzca el número de simpatizantes que lo acompañan dentro de la embajada. De acuerdo con el funcionario, habría unos 60 hondureños en le embajada.

Las Naciones Unidas también mostraron su preocupación por el respeto a la sede diplomática.

"Las amenazas al personal de la embajada (...) son intolerables. El Consejo de Seguridad ha condenado esos actos de intimidación. Yo también lo hago, en los términos más fuertes", dijo Ban Ki-Moon.

La Organización de Estados Americanos (OEA) también exigió al Gobierno de facto de Honduras que respete la inmunidad diplomática de la representación de Brasil.