La primera ministra australiana, Julia Gillard, pidió hoy la liberación de la abogada australiana Melinda Taylor, detenida junto con otros tres funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) en Libia bajo la acusación de espionaje.

Los cuatro, incluido el abogado español Esteban Peralta, fueron arrestados el pasado jueves durante una visita a Saif el Islam, hijo del fallecido dictador Muamar al Gadafi, en una prisión de Zintan (noroeste de Libia) para ayudar a la preparación de su defensa.

"Hemos pedido al Gobierno libio que acelere el final de la detención de la señora Taylor", indicó la jefa del Gobierno australiano a los medios de su país.

Gillard manifestó que está en contacto con los gobiernos de España, Rusia y el Líbano, que también tienen nacionales en el equipo de la CPI detenidos en Libia, así como con Francia y la Unión Europea.

El ministro de Asuntos Exteriores australiano, Bob Carr, indicó por su parte que ha hablado con el viceministro de Exteriores libio, Mohammed Abdulaziz, para expresarle su preocupación por la abogada, a la que aún no han autorizado hablar con su embajada ni con su marido.

"Le dije que su bienestar es muy, muy importante para nosotros", señaló Carr a la emisora australia ABC.

"Queremos que tenga acceso consular y que sea pronto. Esperamos que sea hoy. Nos gustaría que esto se resuelva pronto para que pueda reunirse con su marido en La Haya y su hijo de dos años", agregó.

El pasado abril, la abogada australiana de la CPI denunció que Al Islam está detenido en situación precaria, en aislamiento y sin atención médica para un dolor de muelas.

El grupo guerrillero de Zintan que custodia al hijo de Gadafi manifestó que detuvo a Taylor tras encontrarle unas cartas, una cámara y una grabadora, lo que consideran indicios de que realizaban tareas de espionaje, según el diario "Sydney Morning Herald".

Según los milicianos, los cinco funcionarios del organismo internacional no se encuentran en la cárcel sino bajo arresto domiciliario.

Mientras que Australia y el CPI piden el acceso consular y liberación del equipo, las autoridades libias exigen una excepcionalidad de su inmunidad diplomática para poder incoar una investigación oficial.

"Creo que la mujer estará con nosotros por un tiempo, hasta que se conceda la excepción (de la inmunidad)", dijo el viceministro de Exteriores libio.

"Se trata de un hecho que pone en peligro la seguridad nacional de Libia, nos lo tomamos muy seriamente", aseveró Abdulaziz.

La CPI y las autoridades libias están enfrentadas sobre dónde debe ser juzgado el hijo de Gadafi, acusado en La Haya de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por el las fuerzas de régimen del fallecido dictador Muamar al Gadafi durante las revueltas de insurgentes en Libia en febrero de 2011.

El tribunal con sede en La Haya tiene pendiente una orden internacional de arresto, pero las autoridades libias han cuestionado la admisibilidad del caso.