En un momento en el que se pone en cuestión la capacidad de España para realizar los esfuerzos de consolidación fiscal necesarios para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, y se señala la frágil situación financiera de las comunidades autónomas, así como el incumplimiento de los topes de déficit autorizados en los presupuestos de 2011, puede ser oportuno analizar el esfuerzo que los gobiernos autonómicos hacen para participar en dicho proceso de consolidación fiscal.

El mantenimiento de algunas partidas debe leerse en clave electoral

Partiendo de los datos disponibles sobre las funciones presupuestarias, se puede señalar que todas las comunidades, en mayor o menor medida, han hecho un ejercicio de restricción en los presupuestos de 2011 en relación con 2010. Según la información disponible, la disminución media del gasto es del 5%, aunque exista una desviación importante entre las comunidades que proponen un mayor esfuerzo (como Canarias, Extremadura, Aragón o Cantabria) y las que muestran recortes más limitados (Madrid, País Vasco, Murcia o Navarra).

Los programas de mayor envergadura son los que se refieren a educación y sanidad. En el caso de esta última función, llama la atención que, junto a importantes rebajas en algunas comunidades (Canarias, Cantabria, Extremadura o La Rioja), se producen aumentos, aunque moderados, en otras (en Madrid, Galicia o Murcia).

La única función en la que se observa un crecimiento mayoritario es la correspondiente a la deuda pública, del 6,5% . Sólo tres comunidades rebajan sus dotaciones para deuda: Canarias, Aragón y Galicia.

Faltan programas para mejorar la eficiencia de los servicios públicos

Todo parece indicar que las comunidades están poniendo en marcha algunas rebajas presupuestarias y participando, en consecuencia, en la política de consolidación fiscal defendida por el Gobierno central y requerida por las instituciones comunitarias. Sin embargo, el esfuerzo relativo varía mucho según comunidades. Por un lado, aunque no se puede considerar un patrón de comportamiento único, sí parece que las autonomías con gobiernos socialistas asumen un mayor compromiso con el ajuste. Por otro lado, el mantenimiento del gasto en algunas partidas básicas en ciertas comunidades seguramente deba relacionarse con la proximidad de las elecciones o con el mantenimiento de inversiones costosas y el pago de los compromisos de ellas derivados. Sólo así cabe entender la anomalía que supone el aumento del presupuesto sanitario en Madrid.

Habría que recordar las dificultades que se presentan para el cumplimiento del objetivo de déficit de 2011, según recogían los medios de comunicación hace algunas semanas. Con independencia de los resultados efectivos que se produzcan en la liquidación de los presupuestos, también en el lado de los ingresos, da la impresión de que, hasta el momento, los gestores del gasto no han hecho aún el esfuerzo de poner en marcha los programas necesarios para aprovechar economías de escala y mejorar la eficiencia de los servicios públicos en la línea de garantizar ahorros estructurales de gasto que se presentan como imprescindibles para el futuro.