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Las autoridades laborales cada vez aprueban menos ERE no pactados

Las administraciones endurecen la revisión de expedientes ante la presión de la opinión pública

BELÉN CARREÑO

La presión de la opinión pública, cada vez más sensibilizada con la crisis y el aumento del paro que se produce desde hace meses, está obligando a las autoridades laborales -sean del Ministerio de Trabajo o de las comunidades autónomas- a endurecer la revisión de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), según fuentes consultadas por Público.

En particular, la Administración está sometiendo a un escrutinio más intenso a los ERE que se presentan sin un acuerdo previo entre empresa y sindicatos, lo cual se ha traducido en un descenso importante del número de expedientes no pactados que han salido adelante.

La situación ha llegado a tal punto que desde el despacho de abogados Sagardoy, especialista en derecho laboral, desaconsejan desde hace meses a sus clientes que planteen un ERE a la Administración, autonómica o central, sin haber logrado antes consensuar las condiciones con sus trabajadores.

Las estadísticas hablan por sí solas. En 2008 hubo una avalancha de expedientes, casi 6.800, y el porcentaje de los que recibieron el visto bueno sin tener un pacto se redujo al 10%, seis puntos porcentuales menos que en 2007 y la mitad en proporción de los que recibieron luz verde en 2005.

En enero de este año, la proporción de expedientes no pactados que han sido aprobados por la autoridad laboral ha aumentado ligeramente, hasta más de un 13%. Sin embargo, en el caso de los ERE de reducción o extinción de plantilla (los más duros, porque significan pérdida de empleo permanente), ese porcentaje cae notablemente, hasta el 9,4% y el 6,2%, respectivamente.

Los expertos lo tienen claro: si la empresa necesita de verdad recortar plantilla debe negociar con sus trabajadores la mejor salida o de lo contrario se encontrarán con todo tipo de trabas administrativas y una lupa sobre las supuestas causas que motivan el ERE. Sólo hay una excepción a esta regla: los ERE destinados a suspender temporalmente el empleo. Así el 70% de los 662 expedientes que se autorizaron en 2008 sin tener acuerdo previo eran de suspensión temporal. La cifra en enero de 2009 se dispara hasta el 85% de este tipo de expedientes.

La socia responsable del departamento de laboral de abogados de KPMG, Susana Pizarroso, reconoce que hay una gran presión política 'por evitar la destrucción de tejido productivo y de empleo'. Aunque esta experta se aleja de las generalizaciones - 'varía mucho según la comunidad autónoma y el sector de la empresa'- reconoce que las administraciones son reacias a enfrentarse a despidos colectivos masivos. 'Abogan por las suspensiones para darle un respiro a la empresa y ver si se puede recuperar el empleo', añade.

Indemnización

José Manuel Martín Martín, socio de Sagardoy Asociados, asegura que las condiciones complementarias de los ERE también ablandan o endurecen su aprobación. Hasta hace poco, en Catalunya, el principal criterio para aprobar un ERE sin pacto era la cuantía de la indemnización. 'Por menos de 60 días por año trabajado ningún expediente veía la luz', asegura el experto. Por el contrario, la Administración central hace hincapié en los planes de acompañamiento y recolocación que deben incluir los ERE de más de 50 trabajadores.

El director general de Trabajo, José Luis Villar, admite que pone especial cuidado en que los ERE bajo su supervisión (un 3% de los que se presentan aunque representan el 10% en trabajadores afectados) tengan un buen plan de recolocación, pero descarta cualquier tipo de consigna o presión interna para rechazar un expediente.

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