La Unión Europea seguirá permitiendo las subvenciones al carbón hasta 2018, cuatro años más tarde de lo dictado por Bruselas hace tan sólo seis meses. La presión del Parlamento Europeo, de Alemania y de España forzó ayer al Ejecutivo comunitario a rectificar su decisión del pasado verano, en la que pesó la influencia decisiva de los comisarios de Acción Climática y Medio Ambiente.

La decisión de ayer permitirá a los países miembros seguir concediendo ayudas públicas a minas de carbón no competitivas y siempre que sean destinadas a su cierre. Alemania, España y Rumanía, donde se encuentran este tipo de minas, habían ejercido una gran presión en el Ejecutivo comunitario, cuya comisaria de Acción Climática, Connie Hedegaard, se encuentra en Cancún defendiendo la reducción de emisiones de CO2. Una reunión de embajadores de los 27 países miembros respaldó la decisión de Bruselas, que mañana quedará formalmente aprobada por el Consejo de Ministros de Competitividad.

Según el titular de Competencia, Joaquín Almunia, la Comisión no ha accedido al nuevo plazo sin condiciones. 'No aceptaremos un compromiso bajo un camino distinto del de la reducción progresiva', advirtió. Así, desde 2013 se iniciará una reducción progresiva de las ayudas hasta 2018, cuando las minas deficitarias tendrán que echar el cierre. Fuentes comunitarias aseguraron que para 2017 los países tendrán que haber reducido ya en un 75% sus ayudas con respecto a los topes actuales. La Comisión calcula que las ayudas al sector ascendieron a 2.900 millones en 2008. Según los datos de Bruselas, el carbón da trabajo a 100.000 personas en Europa, de las cuales 42.000 trabajan en minas.

Una portavoz comunitaria recordó que la extensión a 2018 está desligada de las ayudas de Estado autorizadas en septiembre para la producción de energía procedente del carbón nacional español. 'Esa autorización caduca en 2014 y corresponde al tribunal pronunciarse sobre ella', aseguró, en relación al recurso de varias eléctricas contra el decreto del Gobierno.

Las autonomías con minas agradecieron a Bruselas la decisión, que abre la puerta a la prórroga del decreto español tras 2014. Según Vicente Álvarez Areces, presidente del Principado de Asturias, es una 'magnífica noticia' que responde a un cambio en la sensibilidad de la Comisión tras escuchar la posición 'argumentada', 'seria' y 'razonada' de distintas instituciones. Para la Junta de Castilla y León, se trata de una decisión 'positiva', en palabras de Tomás Villanueva, consejero de Economía, quien pidió a Bruselas que defina la 'regresividad obligatoria' que exige a cambio.

Pese a la decisión, medio millar de mineros de Asturias y Castilla y León mantienen para mañana una manifestación delante del Ministerio de Industria, en Madrid, convocada por CCOO, sindicato al que la prórroga le parece insuficiente.

Por su parte, las asociaciones ecologistas protestaron por el acuerdo, que consideran incoherente con la política climática de la UE.