Los gobiernos locales, hartos de cargar con las competencias que les corresponden a otras administraciones, han exigido hoy que se defina por ley cuáles son sus obligaciones, ya que en la actualidad destinan más de una cuarta parte de su presupuesto a pagar servicios que les son ajenos.

Así se desprende del estudio "Gasto no obligatorio de los municipios españoles 2004-2007", realizado por la Diputación de Barcelona y que hoy se ha presentado en un desayuno informativo organizado por la Fundación Democracia y Gobierno Local.

El estudio desvela que los ayuntamientos destinan una media de alrededor de 259,67 euros por habitante, en concreto el 25,8 por ciento de su presupuesto, a pagar servicios que no son de su competencia o que no tiene obligación de sufragar.

La coordinadora del estudio, profesora del departamento de Economía Política y Hacienda Pública, Maite Vilalta, ha advertido de que este gasto, que se dedica mayoritariamente a seguridad, cultura y servicios sociales, tiende a incrementarse cada año.

En este sentido, ha opinado que el modelo de financiación local actual no puede aguantar más los costes impropios porque no se ha ido actualizando como sí ha ocurrido con el modelo de financiación autonómico.

Según el estudio, los ayuntamientos de Madrid y Barcelona son los que más dinero destinan a este capítulo de gasto, seguido de los municipios de Castilla-La Mancha y Baleares, mientras que los de Galicia y Cantabria los que menos.

En cuanto a las prioridades de un ayuntamiento y otro, Barcelona destina más dinero a programas de educación, mientras que Madrid a seguridad.

El presidente de la Diputación y de la Fundación, Antoni Fogué, ha explicado que este informe pretende contribuir a esclarecer un debate político esencial: el de la estructura de los niveles de gobierno de España y de su distribución competencial.

En su opinión, el estudio evidencia que, en términos generales, los gastos no obligatorios de los ayuntamientos no son innecesarios o superfluos como interpretan algunos.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, ha defendido la necesidad de aprobar cuanto antes el estatuto de autonomía local y la ley de financiación de los gobiernos locales.

Sobre ésta última, ha vuelto a pedir un modelo de financiación acorde con el marco competencial que se fije a los ayuntamientos, con el fin de que se pueda dar respuesta a las demandas de los ciudadanos.

Al ser preguntado por la decisión del Gobierno de aplazar hasta después de las elecciones la aprobación de la ley de Gobierno local, ha dicho que le parece "mal".