El consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga (EA), ha asegurado hoy que "podremos realizar la consulta popular este 2008 en Euskadi porque tenemos un compromiso con la sociedad".

"Habrá consulta en el mes de octubre del 2008, el 2008 será el año de la consulta y la sociedad vasca se podrá pronunciar y el problema no es tanto la pregunta como el miedo que despierta la respuesta que se pueda dar", ha señalado hoy el consejero vasco en una entrevista a Catalunya Informació recogida por Efe.

Según Azkarraga, "se respetarán los métodos democráticos y pacíficos y habrá que ir dando los pasos oportunos. Yo deseo que no haya que confrontar nada y que un Gobierno democrático no intente evitarla".

Esta consulta se basa en una propuesta del lehendakari Juan josé Ibarretxe que pasa por intentar alcanzar un pacto político con el Gobierno para presentarlo en junio ante el Parlamento vasco y convocar conjuntamente -el Ejecutivo central y el autonómico- una consulta popular.

Si no hubiese acuerdo, el lehendakari ha explicado que convocará esa consulta como no vinculante de forma unilateral para celebrar finalmente un referéndum con plena validez jurídica en 2010 pero en todo caso el Gobierno se opone frontalmente a esta iniciativa, con lo que la misma no podría ser legal sin el reconocimiento del Ejecutivo central.

Azkarraga ha augurado hoy que "una parte de la judicatura acabará intentando ilegalizar esta consulta" en un año que ha definido como "jurídicamente complicado" y en el que opina que habrá muchos conflictos en los tribunales, incluyendo la actual ilegalización de ANV y el Partido Comunista de las Tierras Vascas "o el posible procesamiento del propio lehendakari Ibarretxe por hablar con todas las fuerzas políticas".

El consejero de Justicia vasco ha señalado que desde la autonomía del País Vasco "habrá que ir viendo cómo dar respuesta a esta intromisión en la división de poderes".

Sobre el actual proceso de ilegalización de los partidos más cercanos a Batasuna, Azkarrega considera que "si no hubiera elecciones no se hubiera iniciado este proceso de ilegalización de algunos partidos políticos. Pero es porque hay elecciones no porque haya razones jurídicas para ello".

"Estamos ante un caso más de retorcimiento de los leyes por objetivos políticos, estaríamos ante una decisión en la que se utilizan las leyes de una manera absolutamente retorcida para obtener rendimientos políticos" ha opinado hoy Azkarraga.