El proceso de depresión de las últimas décadas en la empresa Babcock desembocó este viernes en una situación kafkiana. 258 de sus prejubilados hace siete años tuvieron que volver a la fábrica de Sestao (Vizcaya), incrédulos, después de que la compañía les haya dado de alta de nuevo debido a una sentencia dictada el pasado febrero por el Tribunal Supremo (TS), que anuló el ERE que en 2004 supuso su masiva prejubilación. La situación no sólo resulta rocambolesca por el hecho de que los prejubilados hayan sido llamados por la empresa siete años después. Se riza más el rizo, pues en la práctica es imposible que vuelvan a vestir el buzo, ya que la compañía está pendiente de un concurso de acreedores tras la quiebra de su propietaria, la austríaca A-Tec, y bajará la persiana en mayo. Ahora sólo el 20% de su plantilla, de 342 obreros [sin contar los prejubilados], realiza alguna actividad.

Los 258 prejubilados en 2004 fueron llegando hoy a la empresa en grupos de 45 para escuchar la propuesta de la dirección: un permiso retribuido hasta la extinción de sus contratos. Paradójicamente, la sentencia del TS que restituye la legalidad laboral deja a estos prejubilados por ahora en un limbo de inseguridad jurídica y económica, pues ninguna de las partes implicadas acierta a responder, por ejemplo, si los afectados deberán devolver lo cobrado durante los últimos siete años como prejubilados y, en su defecto, cobrar el sueldo integral. Lo único seguro es que están ya sujetos a un expediente de extinción de contratos solicitado este viernes por la compañía.

El presidente del comité de empresa, Alfonso Bustamante, expresaba con una frase el sentimiento de incredulidad entre todos los afectados por esta situación a los siete años de prejubilarse: 'Hay gente que no ha reaccionado. Otros han fallecido. Sus mujeres dicen: ¡Cómo va a ir a trabajar mi marido si ha muerto'.

El ERE ahora anulado fue rechazado en 2004 por el comité y el Gobierno vasco, pero aceptado por la Dirección Trabajo del Ejecutivo central en el proceso de privatización de Babcock. Tras el recurso interpuesto por varios trabajadores, sobre todo directivos, el caso llegó al Supremo. En su sentencia de anulación, arguye que se violentaron las competencias de la Administración vasca.

La resolución llega en el peor momento y amenaza también con dificultar el proceso para la liquidación de la empresa. Para más inri, la actual legislación habría permitido resolver dicho recurso por la vía laboral en unos días y no en siete años.