Baleares, la comunidad con una mayor tasa de mortalidad por violencia machista

Baleares es la comunidad con la mayor tasa de mortalidad por violencia de género, según el informe 2006 de "Atención sanitaria a la violencia de género en el Sistema Nacional de Salud", elaborado por el Observatorio de Salud de la Mujer del Ministerio de Sanidad y que será analizado hoy en el Consejo Interterritorial.

Según el estudio, la violencia de género no sólo tiene un elevado coste humano, sino que además supone un impacto económico que sólo en Andalucía supera los 2.000 millones de euros al año, un gasto derivado, en su mayor parte, de los costes sanitarios y de mortalidad de las mujeres maltratadas.

El documento precisa que dicha cifra resulta "comprensible" si se tiene en cuenta que sólo entre 1998 y 2006, la violencia machista dejó 484 muertas y 360.830 víctimas en España.

En Estados Unidos, por ejemplo, la violencia física contra las mujeres cuesta 3.945 millones de euros anuales, una cifra parecida a la estimada por el Gobierno británico y que incluye los gastos derivados de los servicios sanitarios, del sistema judicial y de los servicios sociales.

Al analizar la mortalidad por violencia de género entre comunidades autónomas -continúa- se observan diferencias estadísticas "significativas".

Cantabria, País Vasco, Extremadura, Galicia, Castilla León, Madrid, Cataluña, Asturias, y La Rioja son las que presentan las tasas de mortalidad más bajas, y Baleares, Canarias, Murcia, Melilla, Comunidad Valenciana, Navarra, Andalucía, Castilla-La Mancha, Ceuta y Aragón las más elevadas.

Las muertes por violencia de género también están relacionadas con el contexto en el que viven y con las condiciones de igualdad de cada zona, medidas en términos de longevidad, nivel educativo y remuneraciones.

Las mayores tasas de mortalidad se dan en las mujeres de entre 21 y 50 años y en los momentos en los que intentan acceder a oportunidades educativas, a un trabajo remunerado o una promoción laboral, porque la violencia es "un modo de mantenerlas en una posición de subordinación social y personal".

Entre los colectivos más vulnerables, el informe señala a las extranjeras, que tienen más dificultades para acceder a las instituciones, como el sistema sanitario, y cuyo riesgo de morir es entre dos y ocho veces superior a las españolas.

Especialmente vulnerables son las discapacitadas, un colectivo en el que más del 75 por ciento se declara víctima de violencia de género desde hace más de cinco años.

El informe compara la ley española con otras 36 normas internacionales y concluye que la española es la única cuya denominación hace referencia a la violencia de género y que enfoca este problema un modo integral y multidisciplinar, y "de las pocas" que prevé la participación del sistema sanitario y de su personal en la prevención y la atención a las víctimas.

Asimismo, analiza las actuaciones que las comunidades autónomas han puesto en marcha entre junio de 2005 y diciembre 2006, y concluye que todas han desarrollado políticas de igualdad de oportunidades para luchar contra este problema de la salud pública.

La mayoría cuenta con Planes de Igualdad y tiene servicios sanitarios que han desarrollado sistemas de información específicos para conocer gradualmente el número de mujeres atendidas en los centros de salud y la incidencia de este problema en el sistema sanitario.

En la mayoría de las autonomías, la asistencia queda registrada en el sistema informático de la Asistencia Primaria, mientras que en las urgencias hospitalarias y centros de atención especializada, sólo se registran los casos que precisan ingreso hospitalario.