'No vamos a permitir que sean los trabajadores quienes paguen la reordenación del sector financiero en España'. Los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO están firmemente dispuestos a que el ajuste de oficinas y de empleos que inevitablemente se tendrá que hacer en los bancos y cajas españoles en los próximos cinco años se acometa de la forma menos traumática posible para los empleados.

Y esa fórmula mágica es la de las prejubilaciones. Es la única que, con buenas condiciones, deja contentas a prácticamente todas las partes.

Pero es una solución muy cara y la mayoría de las entidades que necesitan reducir sus plantillas no disponen de dinero suficiente para sufragarla porque bastante tienen con hacer frente a la creciente morosidad crediticia.

Según un estudio de Price-waterhouseCoopers (PwC), las entidades españolas tendrán que reducir en el próximo quinquenio entre 10.000 y 12.000 sucursales, y deshacerse de unos 35.000 empleados. De todos ellos, en el sector financiero calculan que 15.000 serán bajas vegetativas (jubilaciones ordinarias o finalización de contratos temporales que no se renovarán) y el resto, unos 20.000 empleados, tendrán que prejubilarse.

Según el cálculo que manejan algunas entidades, cada prejubilación cuesta de media 500.000 euros, ya que el banco o caja tiene que seguir pagando buena parte del sueldo del trabajador hasta que pasa a una jubilación anticipada a partir de los 61 años (según los años que haya cotizado) o se jubila definitivamente a los 65 años. De acuerdo con estas cifras, los bancos y cajas tendrán que gastar 10.000 millones para hacer el recorte de personal necesario.

Hasta 2003, este desembolso se podía costear con las reservas de libre disposición (una hucha que se va creando año a año con parte de los beneficios), pero la normativa ya no se lo permite. Ahora, tienen que pagar las prejubilaciones directamente de sus beneficios y lo último que necesitan (o tienen capacidad de hacer) las que tienen problemas es exprimir más sus dañados resultados.

Las pocas entidades que tengan esa opción, harán efectivas las plusvalías acumuladas en algunas participaciones, mientras que otras no tendrán más remedio que ir restando cada año una parte de sus resultados, y otras muchas recurrir a las ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) o del fondo público de rescate bancario (el FROB). En estos dos últimos casos, serán préstamos que tendrán que devolver, pero que les darán el oxígeno suficiente para no acabar ahogadas en la crisis.

En el sector existe consenso en que serán las cajas las que más esfuerzo tengan que hacer porque han sido las que más se han expandido en los últimos años. Desde final de 2000, han aumentado su plantilla en 33.000 empleados, mientras los bancos han recortado 7.250 empleos.

La banca suele prejubilar a partir de los 50 años, pero no se aplica sus propias recetas. Hace menos de un mes, las cajas, a través de su fundación Funcas, lanzaron la recomendación de retrasar la jubilación a los 70 años para hacer sostenible el sistema público de pensiones.

Sobre la cifra de empleos a extinguir en el sector, el responsable estatal de Cajas de UGT, Antonio Muñoz, advierte que dependerá mucho de cómo se haga la reorganización.

A su juicio, lo más recomendable sería que se hiciera mediante fusiones de cajas de diferentes autonomías, ya que así habría menos duplicidad de oficinas y sobrarían menos empleados. Mientras, el secretario general de Comunicación de CCOO-Comfia, Rafael Muñoz, apela a las entidades a que, en toda fusión, se sienten con los representantes de los trabajadores para buscar fórmulas que defiendan el mayor empleo posible.